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El agente fiscal Pinánez explicó que serán objeto de peritaje las dos casas (una en Fernando de la Mora y otra en San Bernardino) del suboficial Roberto Osorio, principal procesado que se encuentra preso en el penal de Tacumbú, y los cerca de doce vehículos que aparecen a nombre de él y de su esposa Ada Liz Da Rosa, también imputada como cómplice del presunto enriquecimiento ilícito.
Además, el trabajo técnico abarcará la residencia que posee el exgirador de la Policía Juan Mendoza, imputado, y las diez propiedades del excomandante Francisco Alvarenga, así como el vehículo lujoso de su hijo Francisco Alvarenga Rotela (también procesado).
“Es importante indicar que no se tendrán en cuenta solo las compras de terrenos sino las mejoras introducidas en los inmuebles. Se verá si corresponde o no con el ingreso y patrimonio de los procesados. Es relevante cuándo se compró, se construyo y cuanto costó”, dijo Piñánez.
Se considerarán especialmente los bienes que Ada Liz desconoció en su declaración indagatoria, donde está exenta de decir la verdad. La esposa de Osorio dijo que posee las dos casas y solo dos camionetas, una Hyundai Tucson y una Kia Sportage y que la primera supuestamente ya vendió a un familiar, aunque no se concretó la transferencia.
Sin embargo, tanto a su nombre como de su esposo aparecen una Range Rover (valuada en aproximadamente 180.000 dólares), Toyota Hilux 2014, dos Audi Q7 2014 (una de 122.000 dólares y otra de 150.000 porque es blindada), una Chevrolet Camaro, entre otros vehículos lujosos.
Da Rosa se declara “ama de casa”, por lo que no cuenta con un ingreso mensual. La mujer tampoco reconoció poseer un negocio (mercería), debido a que los investigadores encontraron una factura con sus datos y el domicilio que indicó era el de la casa del padre de Osorio, su suegro. Respecto a la titularidad de los vehículos de lujo, la imputada refirió en su defensa que es “intermediaria” en compraventa de vehículos.
Mediante el análisis y valoración de las posesiones de los investigados la Fiscalía podrá conocer si las mismas pudieron haber sido adquiridas o no con los ingresos genuinos –sueldos o negocios– de los investigados. (Más información en el Semanario Judicial que acompaña a esta edición).