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El juez Sosa Pasmor por Auto Interlocutorio N° 87 del 2 de febrero, le declaró rebelde y contumaz al imputado Lino Xavier Valencia Montes, por no comparecer a su audiencia indagatoria ante el Ministerio Público y a su audiencia de imposición de medidas ante el juzgado que lleva la causa.
Según las fiscalas Liz Nadine Portillo y Yolanda Portillo, Valencia Montes fue notificado el 21 de enero pasado para su audiencia indagatoria, en su domicilio ubicado en O’Leary 976, de nuestra capital. Sin embargo el ujier notificador informó que el español ni otra persona se encontraban en el mencionado domicilio.
Luego de recibir el informe y el pedido fiscal, el juez Sosa Pasmor declaró la rebeldía y ordenó la captura del español.
Fuentes del Ministerio Público señalan que las agentes fiscales solicitarán también la orden de captura internacional.
Según había mencionado el abogado Álvaro Arias, Valencia Montes se encontraría enfermo, pero no acercó al juzgado ni a la fiscalía ningún documento que acredite esta situación.
Arias intentó asumir la defensa de Valencia Montes el lunes pasado, pero defectos formales en el escrito hicieron que no se reconozca su personería.
Arias actualmente ejerce la defensa técnica de la exdiputada Karina Andrea Rodríguez Carámbula, procesada por cobro indebido de honorarios (cómplice) y por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso (autor).
Según la imputación del Ministerio Público, Karina habría avalado la supuesta asistencia de Valencia Montes con su firma y sello en las planillas de registro de asistencia desde la fecha de su comisionamiento a la Cámara de Diputados, hasta la salida del mismo de esta institución.
Agrega: “La exparlamentaria habría consentido con su accionar para que el español perciba honorarios por servicios no prestados a Diputados en algunos días, e incluso, en meses de los años 2013, 2014 y 2015, pese a que el mismo no habría asistido al lugar de trabajo en ese tiempo. Además, en algunas fechas habría estado fuera del país y de igual manera, Karina registraba su asistencia como si lo estuviere, irregularidad amparada por la exdiputada, quien rubricaba su firma al pie de cada planilla de pago”.
Karina depositó en una escribanía G. 12 millones, que sería el monto del daño causado con el cobro irregular de Valencia Montes, que fue avalado por la exparlamentaria. Sin embargo, la fiscalía no acepta la mencionada reparación del perjuicio, e insiste en llevar adelante el proceso penal.
Los hechos punibles por los que están procesados solo prevén penas de hasta 2 años de cárcel o multa.