“Orden superior” termina por destruir los cultivos de soja

La intervención de la Policía Nacional causa estragos en productores que están litigando con el Grupo Favero. Sin orden judicial, efectivos policiales prohíben cosechar. La Policía Nacional se convirtió en una fuerza represora al servicio del Grupo Favero y Óscar González Daher. Las pérdidas económicas se acercan al millón de dólares y 1.000 hectáreas ya se destruyeron por la prohibición ilegal.

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Sin mandato judicial, la Comandancia de la Policía Nacional ordenó la intervención de efectivos policiales en la compañía Yaku’i Guazú, distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa.

El personal policial tiene instrucciones de prohibir a cuatro productores cosechar granos: Antonio Mombach, Afonso Heineck, Fernando Whey y Sienna SA.

En conjunto son propietarios de dos mil hectáreas de soja.

El grano está maduro, listo para cosechar, pero la fuerte intervención de la Policía impide los trabajos.

El contingente está integrado por 60 efectivos y 30 antimotines que disponen del apoyo de 15 patrulleras para movilizarse con rapidez en el sector.

Al madurar el grano debió comenzar de inmediato la colecta, pero la prohibición policial impidió el inicio  de las tareas.

El resultado es que las lluvias caídas en los últimos días terminaron por destruir el 50 por ciento de la producción.

Las pérdidas para los productores se acercan al millón de dólares. Y pueden terminar perdiendo todo si se mantiene la prohibición de cultivar y siguen las lluvias.

Óscar González Daher y el Grupo Favero

El envío de fuerzas policiales a Yaku’i Guazú es responsabilidad del comandante Críspulo Sotelo.

Sin mandato judicial, los efectivos policiales en el terreno se limitan a decir que tienen “orden superior” para no permitir el cultivo de soja en el lugar.

Los productores Antonio Mombach, Afonso Heineck, Fernando Whey y Sienna SA tienen un litigio judicial con Agro Silo Santa Catalina SA, integrante del Grupo Favero.

Mombach, Heineck y Whey denunciaron al Grupo Favero por falsificación de hipotecas y pagarés.

Sienna SA arrendó tierras de Marino Raiter, quien también es denunciante de falsificación de documentos.

El dedo acusador se extiende contra la escribana Nélida Chávez, esposa del senador Óscar González Daher. Raiter presentó una denuncia penal contra la escribana por el supuesto delito de falsificación.

Sienna SA inclusive obtuvo una medida cautelar expedida por la jueza Rossana Verón de Arca, de Encarnación.

Al opinar sobre la orden judicial, el comisario Fidel Godoy dijo: “Que venga aquí la jueza a ordenar”.

La Policía Nacional, con la mirada cómplice del Ministerio del Interior, dio vida a la nefasta “orden superior” que viene de Stroessner.

roque@abc.com.py

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