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El caso que afecta a la familia Eisen es muy particular: tienen un título de propiedad legítimo, pero no puede ingresar en su finca.
No solo no puede entrar en su tierra, sino que debe observar cómo usurpadores están cultivando y tendiendo alambrado.
Maquinaria de la firma Agro Nikas SA trabaja sin ningún inconveniente y sus operarios se mueven con absoluta libertad en tierra ajena.
Agro Nikas SA pertenece a la señora María Magdalena Díaz Vda. de Dirks, la misma persona que el 4 de febrero de 2014 firmó un documento en escribanía reconociendo una deuda de 816.000 dólares por no pagar alquiler de la tierra que hoy pertenece a los Eisen.
Nunca pagó alquiler. Reconoció en un instrumento público su condición de deudora y aceptó abandonar la propiedad a cambio de 250.000 dólares en efectivo, en concepto de mejoras.
Resulta un completo absurdo que María Magdalena Díaz Vda. de Dirks pueda reclamar derechos sobre una tierra que no le pertenece; es más, reconoció su condición de deudora por alquiler impago en su condición de arrendataria.
Violación de la orden judicial
El juez Juan Casco Amarilla, titular del juzgado en lo civil y comercial del quinto turno de Encarnación, emitió dos órdenes judiciales que afectan la propiedad de la familia Eisen.
La primera orden tiene fecha 19 de agosto de 2014 y estableció una medida cautelar de no innovar, en la totalidad de la propiedad.
La segunda fue emitida el 8 de octubre del año en curso disponiendo una prohibición para realizar cultivos agrícolas.
Ninguno de los mandatos del juez se cumplen. Las órdenes judiciales que afectan a la tierra de los Eisen son letra muerta.
Esta familia tiene el título de propiedad, mensura judicial aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, está debidamente inscripta en los registros públicos, pero el documento no sirve de nada porque los usurpadores tienen la suficiente fuerza para burlarse de las órdenes judiciales.
No existen garantías jurídicas. El caso de la familia Eisen es una demostración palpable de que el estado de derecho es una utopía.
Las órdenes emitidas por el juez Juan Casco Amarilla son de cumplimiento obligatorio y su violación constituye un delito castigado con pena carcelaria.
El juzgado ordenó al Ministerio Público la imputación de los responsables de este hecho punible, pero los fiscales de Mayor Otaño ni siquiera respondieron el pedido del magistrado.
Poder político
Cuando el poder político rompe el equilibrio de la convivencia social corresponde al Poder Judicial restablecer las condiciones adecuadas para que los ciudadanos encuentren justicia.
La ruptura del equilibrio genera una situación de caos, de anarquía y el resultado es la violencia.
Existen fundadas sospechas de que el mismo vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, es el responsable de la usurpación de una propiedad privada.
Obviamente no está solo. Tiene la complicidad de ministros de la Corte Suprema de Justicia y de allí para abajo, jueces corruptos.
En este momento se busca asfixiar económicamente a la familia Eisen para obligarla a aceptar el despojo de su tierra.
Los Eisen son personas que viven de su trabajo, si no tienen acceso a la tierra no pueden generar recursos económicos.
No les permiten ingresar en su tierra para que no puedan producir.
Tanto Juan Afara como sus abogados insisten en que no tiene nada que ver, pero los indicios obligan a pensar que sí buscan quedarse con tierra ajena.
Y puede ser que lo logre, después de todo los Eisen no tienen recursos para soportar una pleito judicial contra una estructura del poder que tienen enfrente.
Quedará con la tierra, pero también con la vergüenza de pasar por usurpador y ladrón de propiedad ajena, en el supuesto que lo fuere.
El mensaje es muy claro para el resto de la sociedad: la ley no es suficiente obstáculo para las ambiciones de políticos carentes de escrúpulos y decencia.