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El constitucionalista Seall Sasiain, consultado, expresó que no entendía de dónde viene la confusión de que el caso de la imputación por prevaricato al miembro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco (PLRA) –actualmente en proceso de juicio político en el Congreso– pueda favorecer a los parlamentarios que actualmente están investigados o imputados por la Justicia por presuntos hechos de corrupción.
Varios fiscales lanzaron la voz de alerta días atrás porque en un dictamen el asesor jurídico del Congreso, el exfiscal José Casañas Levi, sostuvo que los fiscales no podrían haber imputado a Blanco antes que este sea destituido de su cargo mediante juicio político.
Seall Sasiain coincide con este criterio, pero no cree que los legisladores investigados actualmente puedan salvarse porque el proceso de desafuero de los parlamentarios es diferente, según indicó. “Los legisladores son los únicos que tienen el trámite del desafuero para remoción de su inmunidad, eso es lo que técnicamente corresponde”, expresó.
Agregó que en el caso de los magistrados, como los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, es decir todos mencionados en el artículo 225 de la Constitución, “para ser procesados (por la Justicia), tienen que ser removidos (de sus cargos) por juicio político primero, de modo a que pierdan esa inmunidad implícita”.
Explicó que ese principio no está escrito en la Constitución, pero que se aplica conforme a doctrina y jurisprudencia, así como se hace en Argentina hace casi un siglo, de donde nosotros copiamos el mismo criterio.
Nuevo juicio político
Seall Sasiain sostuvo que la imputación fiscal a Blanco puede servir para “iniciar un trámite de juicio político ex novo”, es decir, un nuevo proceso de juicio político que debe comenzar en la Cámara de Diputados y si esta imputa llevar a la instancia juzgadora que es la Cámara de Senadores. Actualmente, el juicio político por mal desempeño de funciones a Blanco está varado en la Cámara Alta por la falta de una mayoría suficiente para destituir al magistrado.