Opaci realiza fuerte lobby en Diputados para evitar la eliminación del “negocio”

La presidenta de la Opaci, la intendenta de Ybycuí María del Carmen Benítez (ANR), acudió ayer a la Cámara de Diputados donde se estudia la ley de Tránsito que elimina su poder de cobro por cada licencia de conducir. Manejada por el clan Núñez, entre el 2010 y 2015, esta entidad recaudó unos US$ 31 millones desde el 2010.

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La titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) acudió ayer a la Cámara Baja donde mantuvo un encuentro con el líder de la bancada colorada, el diputado Clemente Barrios.

Dicha bancada cuenta con 46 votos de los 80 escaños con lo cual se asegura el rechazo del proyecto de la ley de Tránsito aprobada en el Senado y recientemente remitida a Diputados.

La propuesta entre sus artículos retira a la Opaci la facultad de cobrar G. 10.000 (antes eran G. 20.000) por la expedición, renovación o anulación de licencias de conducir en todas las municipalidades del país.

Abordada al término del encuentro, la jefa municipal sostuvo que acudió al Congreso para presentar un proyecto de catastro urbano en las intendencias del interior profundo a fin de mejorar la planificación y el desarrollo urbano en comunidades.

No hay fugas, se jacta

Interrogada sobre la crisis que atraviesa la entidad, afirmó que la Opaci continúa su trabajo sin dificultad.

Agregó que todos los intendentes liberales que amenazaron con retirarse de la organización, ante las denuncias de malos manejos sobre los fondos descontados compulsivamente en cada comuna, finalmente permanecieron.

Así también, señaló que se encuentran abocados en implementar la licencia única de conducir para todos aquellos cuya credencial vence en 2016.

Sostuvo que dicha licencia tendrá el mismo color y barras de seguridad con el fin de demostrar en el extranjero que el Paraguay es un país serio.

La Opaci recaudó entre 2010 y 2015 unos 31 millones de dólares al cambio actual, según los registros oficiales de la propia institución.

Casi el 100% de dicho monto salió del bolsillo de cada uno de los contribuyentes de las 250 municipalidades del país. Uno de los conceptos de recaudación más importante es el arancel que cobra por la expedición, renovación o anulación de licencias de conducir.

Hasta el 2012, el monto que cada ciudadano pagaba por los mencionados trámites era de G. 5.000. Pero ese año, la Junta Directiva presidida por el entonces intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR), elevó el monto a G. 20.000.

Esta organización fue creada en 1964 y en 1997 fue convertida en una organización no gubernamental “sin fines de lucro”, y no está bajo ningún control. Desde el 2006 es manejada por los hermanos cartistas Ricardo y Basilio “Bachi” Núñez, de Villa Hayes. Este último es asesor político del presidente Horacio Cartes.

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