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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fúster, Susy Riquelme y Rodrigo Estigarribia, presentaron acusación y solicitaron que la causa denominada “audios filtrados” sea elevada a juicio oral y público.
El exsenador colorado cartista y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) González Daher, como su exsecretario en esta institución, Raúl Fernández Lippmann, además del abogado y exministro del Interior Carmelo Caballero, fueron acusados por tráfico de influencias y asociación criminal. Los delitos tienen expectativa de pena de hasta cinco años cada uno.
En los casos de González Daher y Fernández Lippmann, ambos habían sido imputados además por cohecho pasivo agravado (coima), pero este delito fue descartado en la acusación.
En el caso del abogado Caballero, quien había sido imputado también por soborno agravado, en la acusación ya no apareció este delito.
El exsenador Jorge Oviedo Matto, fue acusado solamente por tráfico de influencias.
Desvinculado
Para el abogado Rubén Darío Silva Segovia, quien fue imputado por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo, al no hallar elementos para sostener una acusación.
Audiencia preliminar
El próximo miércoles 26 de diciembre, el juez penal de garantías Rolando Duarte, fijará fecha de audiencia preliminar, donde se resolverá si los acusados por el Ministerio Público enfrentan o no juicio oral y público.
Además, el magistrado debe resolver si comparte o no la decisión de la Fiscalía de otorgar el sobreseimiento definitivo a Silva Segovia. En el caso de no estar de acuerdo con la desvinculación, podrá aplicar trámite de oposición y se elevarían los antecedentes a la Fiscalía General para que resuelva si decide acusar o si se allana a la petición de sus agentes fiscales.
Antes y después
La revelación de los audios que fueron filtrados a través de Radio ABC Cardinal, marcaron un antes y un después en la actividad jurisdiccional.
Quedó demostrado que a través del JEM se ejercía tráfico de influencias para presionar a jueces y fiscales para que políticos y personas con poder económico sean beneficiados en diversos casos.
El procesamiento en el JEM a jueces y fiscales fue utilizado, en muchos casos, como “garrote” para ejercer coacción a los operadores de justicia.
Con medidas en este caso
Desde que los fiscales Martín Cabrera, Alcides Corvalán y Francisco Torres estuvieron al frente del caso “audios”, los procesados habían sido beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
La imputación por tráfico de influencias, asociación criminal y soborno agravado, se produjo el 28 de diciembre de 2017. Es así que el Ministerio Público disponía hasta el viernes 28 de diciembre próximo para presentar su acusación, pero la misma fue adelantada.
Las defensas objetaron las grabaciones que fueron puestas al aire. Argumentaron que los audios fueron tomados sin mediar orden judicial. Este argumento fue rechazado en todas las instancias.