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“La sede de la Cámara de Diputados es la que fuera la Casa de la Cultura”, señala el reglamento interno del Legislativo. No hace mención en ningún artículo sobre “oficinas parlamentarias” en el interior del país.
Sin embargo, durante este período ya se habilitaron al menos tres oficinas parlamentarias en diversos departamentos, que se sumaron a otras cuatro existentes ya anteriormente.
Para cada una de ellas, se pide la contratación de personal por parte de la Cámara de Diputados. El caso más alevoso es el de Pilar, a cargo del diputado colorado Pedro Alliana.
El legislador habilitó su oficina en la Municipalidad de la mencionada capital de Ñeembucú. En una nota presentada al presidente del Legislativo, el liberal Juan Bartolomé Ramírez, Alliana pidió la contratación de nada menos que ocho personas para dicha oficina.
El director de Recursos Humanos de la cámara, Ricardo Vaesken, al ser requerido sobre cómo se puede contratar semejante cantidad de personas para una sola oficina, no supo responder.
Dijo que las contrataciones no dependían de él. “Ha de ser doble turno”, dijo. Sin embargo, el jueves cuando nuestro diario acudió a la Municipalidad de Pilar para constatar si a la tarde había funcionarios atendiendo, todas las oficinas, incluyendo las de esa institución, ya estaban cerradas.
La “oficina parlamentaria” de Alliana es exclusivamente de él, pues es de público conocimiento las diferencias políticas que mantiene con su colega liberal Víctor Ríos.
En el Alto Paraná, funciona otra oficina regional donde el diputado Carlos Portillo (PLRA) recibe cada viernes a la gente. El local está ubicado dentro de la Gobernación.
La oficina de más reciente creación es la de Alto Paraguay, a cargo del diputado José Domingo Adorno (ANR).
El legislador dijo que tenía proyectado habilitar una oficina en cada comunidad del departamento. Ya tiene tres funcionando: en Fuerte Olimpo, Puerto Casado y Carmelo Peralta. Aseguró que el salario de todas las personas que atienden en el lugar sale de su bolsillo. Sin embargo, una fuente de la cámara aseguró que dos personas fueron contratadas a pedido del legislador.
En San Pedro también fue habilitado un local, en este caso a pedido del diputado colorado Freddy D’clessis, y en Guairá funciona otro que está a cargo de Félix Ortellado.
Existen varios otros pedidos, pero el único que trascendió es el de Cordillera.
Esconden datos
En la Cámara de Diputados ningún funcionario quiere hablar del tema. La simple pregunta sobre cuántas oficinas parlamentarias fueron habilitadas en este periodo, no pudo ser respondida, pese a que todas son habilitadas mediante una resolución de la presidencia de la cámara.
Tampoco se supo explicar cuál es la figura utilizada por la Cámara Baja para justificar la contratación de personal para una oficina fuera del edificio del Legislativo.
El control de los funcionarios queda a cargo de terceros que nada tienen que ver con la institución.
En el caso de Pilar, por ejemplo, el propio diputado Alliana dijo que la asistencia de los contratados a su lugar de trabajo quedaba a cargo de la Junta Municipal local.
El presidente de la cámara, al inicio del periodo, cuando surgió el pedido de publicación de listas de funcionarios, había señalado que no sabía de la existencia de las oficinas parlamentarias y que se estaba haciendo un informe sobre el tema. El director de Recursos Humanos, Vaesken, había señalado que al menos 350 funcionarios justifican asistencia mediante planillas.
Denuncia ante la fiscalía
El abogado Juan Köhn Gallardo había puesto en conocimiento de la fiscalía que el diputado Pedro Alliana mantiene como contratadas a varias personas que supuestamente cumplen funciones en otros lugares, incluso en la ciudad de Pilar, y nunca han asistido a la Cámara de Diputados.
Presentó publicaciones periodísticas en las que se asegura que el exgobernador de Ñeembucú tiene contratados con sueldos del Congreso a personas o familiares que no estarían cumpliendo funciones institucionales. Según el abogado, Alliana habría logrado la contratación de varios allegados. El miércoles, el fiscal Luis Piñánez pidió a Diputados los antecedentes de los contratados de Alliana.