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El proyecto de derogación de la Ley 5074 ya figuraba en la sesión de la semana pasada del Senado y no se trató porque no había el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que era imprescindible.
Al respecto, el senador Hugo Ritcher, uno de los proyectistas de la derogación, no descartó ayer que la falta de dictamen haya sido adrede para ganar tiempo y que el oficialismo pueda operar para el rechazo o, en todo caso, presentar una propuesta alternativa.
De haberse tratado la semana pasada, casi con seguridad hubiera corrido la derogación, ya que existe una fuerte presión ciudadana en contra de que se utilicen los fondos previsionales, indicó Ritcher.
Según trascendió ayer de fuentes del oficialismo, en la reunión de mañana de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se podría presentar una propuesta alternativa. La misma consistiría básicamente en que la derogación sea parcial y se refiera solamente al artículo que habla de la utilización de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).
Igualmente se plantearía eliminar el artículo que habla de que habrá un débito automático de las reservas del BCP en caso de un incumplimiento de pago por parte del Estado.
El oficialismo buscaría que se mantenga la Ley 5074, dado que la misma se está utilizando actualmente para el financiamiento de algunos proyectos de infraestructura, según trascendió.
En principio, los sectores de la oposición que plantearon la derogación total de la ley, estarían dispuestos a conversar sobre una contrapuesta. No obstante, Ritcher aclaró que desconocían cuál puede ser la propuesta alternativa.
Fuentes del oficialismo destacaron que en muchos países del mundo se utilizan los fondos previsionales para financiar obras de infraestructura. No obstante, indicaron que estarían de acuerdo con descartar, por ahora, la posibilidad de que se utilicen esos fondos, dado que no existe actualmente un marco regulatorio óptimo que asegure la recuperación de los mismos. Esta situación había motivado en su momento el veto del Ejecutivo a la ley que luego fue retirado.
El senador Ritcher señaló que el argumento principal en contra de la utilización de los fondos jubilatorios es que no se puede tocar esa plata sin consulta a los afectados directos. Por otro lado, indicó que cualquier proyecto de inversión de estos fondos, por ejemplo, en obras públicas, debe garantizar el retorno de los mismos, en el caso que los proyectos fracasen. Apuntó que, en las condiciones actuales, no se ve que el Gobierno tenga proyectos serios que den seguridad de que el dinero de los jubilados no se perderá, por lo cual no es posible permitir su utilización.