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VILLA HAYES, Dpto. de Presidente Hayes (Rocío Portillo, corresponsal). Un hecho irregular más en el que está involucrado un funcionario, designado bajo el cupo político, en representaciones de nuestro país en el exterior, en este caso del Consulado paraguayo en Clorinda (Argentina).
Se trata de Anselmo Duarte Samaniego, quien gana un salario de G. 21.110.308, que incluyen gastos de residencia en el vecino país.
Ayer, en horas de la tarde, el funcionario llegó hasta el local del Registro Electoral para “hacer fuerza” con los demás apoderados de la lista 1, con intenciones de llevar los útiles electorales a las compañías de Chaco’i y Beterete Cue, que quedan a 20 minutos del casco urbano de Villa Hayes, con una orden judicial de forma verbal del juez Pedro Arias.
Duarte Samaniego llegó hasta el local electoral en una lujosa camioneta y quedó como custodio para tratar de llevar los útiles electorales, junto con otros operadores políticos de la zona.
Duarte fue designado apoderado de la ANR en el departamento de Presidente Hayes, junto con otros operadores del clan Núñez (el asesor presidencial, Basilio Núñez y su hermano el diputado colorado Óscar Núñez). Los demás apoderados son: Luis Alberto Gómez, oficial en la Embajada en Buenos Aires, con un salario total de G. 27.419.792; Pedro Campuzano Orihuela, oficial consular en Clorinda y que percibe un salario de G. 15.960.308 más gastos de residencia; y Luis Rafael de los Ríos Velázquez, oficial en el Consulado en Clorinda. Percibe sueldo de G. 15.960.308, más gastos de residencia. También Delia Agustina Ramírez (ANR), quien a la vez es concejala con permiso y candidata a intendente por Puerto Falcón. Ella tiene un cargo de oficial en Clorinda y su salario es de G. 21.110.308.
El miércoles último Duarte Samaniego, y los demás oficiales consulares, participaron del cierre de campaña del candidato a la intendencia, Alberto López (ANR).
La Ley 1626/00 de la Función Pública señala que las personas que se encuentren ejerciendo cargos públicos no pueden recibir doble remuneración estatal o ejercer trabajos privados, salvo la docencia.
En tanto, la Ley 1335/99 del Servicio Diplomático y Consular, refiere que los funcionarios del servicio diplomático y consular no podrán “ejercer actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.