ODD y su hija Diana, imputados por violación del derecho del autor

El fiscal Néstor Suárez imputó ayer por violación del derecho del autor al empresario Osvaldo Domínguez Dibb y a su hija Diana Domínguez Wilson Smith, en su carácter de propietario y directora titular de la Tabacalera Boquerón, respectivamente. Es por su presunta responsabilidad en la fabricación de un cargamento de cigarrillos presuntamente falsificados, retenidos el 22 de enero pasado en Tte. Enciso, Chaco.

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La imputación también afecta a Bernabé Rotela, Darío Núñez Zárate, Carlos Alberto Yambay Samaniego, quienes transportaban la carga, conformada por 16 cajas de cigarrillos Gold Coast presumiblemente falsificadas. El cargamento fue confiscado el 22 de enero pasado, en un operativo realizado a las 17:00.

La fiscalía tomó intervención a raíz de una denuncia presentada por el estudio jurídico Berkemeyer en representación de Japan Tobacco INC, propietaria de la marca Gold Coast.

Para imputar a los directivos de la Tabacalera Boquerón, la fiscalía tuvo en cuenta el hecho de que la factura correspondiente al cargamento figuraba el nombre de dicha empresa y, además, la contestación realizada a un pedido de informe sobre el particular.

En dicha nota, la empresa confirma que los cigarrillos retenidos son fabricados en sus instalaciones y alega contar con autorización de Oscar Rodrigo Quintana Vergara, quien, a su vez, contaba con una medida cautelar para fabricar y comercializar productos de la marca Gold Coast expedida por el juzgado en lo civil de Hernandarias el 28 de julio del 2004.

Sin embargo, la fiscalía señala que la medida referida ha perdido su validez mediante el acuerdo y sentencia Nº 785, dictado el 7 de setiembre del 2005 por la Corte Suprema de Justicia, que deja sin efecto la medida dictada por el juzgado inferior, lo cual confirma en consecuencia la titularidad de la empresa denunciante.
En su imputación, el fiscal Suárez solicita la imposición a todos los imputados de medidas alternativas de prisión, tales como prohibición de salir del país, obligación de presentarse mensualmente en tribunales y una caución real por el monto que el juzgado considere conveniente.
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