No quieren que “adicionales” pasen a ser parte del salario

Humberto Peralta, ministro de la Función Pública, dijo que la propuesta del Ejecutivo no es sumar los “adicionales” de los funcionarios del Estado y convertirlos en salario, sino estudiar otras salidas que también dependerán del Congreso. Ayer, firmó un convenio de cooperación con la Cámara Baja.

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Respecto a la posibilidad de que los cuatro aguinaldos que perciben los funcionarios del Parlamento pasen a ser parte de su salario “no es la salida” que piensa el Ejecutivo, aseguró Peralta.

Indicó que el planteo es que el salario pase a ser la parte más significativa de las remuneraciones que perciben los funcionarios. En tanto, se hará una “revisión jurídica” de los adicionales y gratificaciones. Señaló que la decisión final estará en manos de los legisladores de ambas cámaras.

Por otro lado, la Cámara Baja y la SFP firmaron ayer un convenio de asistencia técnica, con el objetivo de implementar un nuevo organigrama y estructura salarial.

El acuerdo firmado por Hugo Velázquez, presidente de la Cámara de Diputados, y Peralta, de la SFP, se concretó tras la publicación de los salarios de funcionarios de la cámara y la constatación de una serie de irregularidades.

Peralta destacó el hecho de que la Cámara de Diputados haya decidido trabajar en este tema con la SFP, como una muestra de confianza a la institución. Fue al ser consultado sobre el hecho de que el Senado contrató para el efecto a una institución privada.

Respecto al trabajo a realizar, Peralta indicó que se verán cuáles son los criterios técnicos a aplicar y si es necesario tener un director de fotocopias. También se verá el perfil de las personas según los cargos a ocupar.

Multas

Respecto a la aplicación de multas a las 219 instituciones públicas que no cumplieron el mandato de la Ley 5189 que les obliga a publicar salarios y organigrama, Peralta dijo que la Abogacía del Tesoro sugiere un mecanismo abreviado para aplicar multas. El funcionario dijo que conversarán este tema con la Procuraduría.

Aclaró que el importe de las multas debe salir del bolsillo de la máxima autoridad de cada institución y no de la tesorería.

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