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La Fiscalía General del Estado no se salva de la nefasta práctica de ubicar a parientes, amigos, parejas sentimentales y familiares, con jugosos salarios.
La larga lista a la que accedió nuestro diario es encabezada por la tía del fiscal general Javier Díaz Verón. Se trata de Valentina Montiel de Verón, quien figura con el cargo de asesor y percibe un monto mensual de G. 12.087.000. Ingresó en la institución en el 2007, dos años después que Díaz Verón, quien está en la Fiscalía desde el 2005. La máxima autoridad tendría además en el Ministerio Público a dos sobrinas.
Otro que privilegia a su entorno es el director administrativo Pablo Vargas. Sus dos hijos y un hermano están en la institución. Se trata de Darío Gabriel Vargas Castillo (hijo) y Araceli Matilde Vargas Castillo (hija). Figuran como asistente y auxiliar fiscal respectivamente con ingresos de G. 5.319.900 y 2.456.400. Su hermano, Cristian Vargas, figura como asesor y percibe mensualmente G. 5.322.300.
Tiene dos secretarias: Rosa Maribel Martínez, con ingreso mensual de G. 7.014.000. La mujer, según nuestras fuentes, no tendría título universitario; y Sara Fabiola Soria, con G. 9.300.000. Su chofer, Alfredo Díaz percibe cada mes G. 6.063.900, ingreso casi correspondiente al de un asistente fiscal.
El dirigente sindical Odilón Turo, quien habría ingresado a la Fiscalía como chofer, ahora percibe un ingreso de G. 5.600.000. Logró ubicar a su hija Johana Beatriz Turo, quien curiosamente fue asignada a cumplir funciones en el gabinete del fiscal general el pasado 16 de noviembre, en vísperas de una huelga. Esto significaría para la misma, una recategorización y consecuentemente mejor salario.
Tres mujeres, que habrían ingresado a la Fiscalía de la mano del exfiscal general Rubén Candia Amarilla, también mantienen sus privilegios.
María Inés Lippman, Petrona Giménez Toledo y Mireya Raquel Roa tienen ingresos superiores a los G. 7.000.000, además perciben una bonificación mensual superior a los G. 3.000.000 con lo que sus ingresos superan los G. 10.000.000.
La Fiscalía General del Estado en estos momentos pelea contra un recorte presupuestario de G. 22.340 millones que le aplicó la Cámara de Diputados. Recurriendo a medida de fuerza encabezada por el sindicalista Turo, lograron que la Cámara de Senadores repusiera el monto.
Mañana la Cámara Baja tiene la última palabra y todo indica que se ratificará en el recorte. El Poder Ejecutivo realiza un intenso lobby para lograr que el presupuesto 2016 no tenga ningún tipo de incremento.
Fiscales administrativos
Al menos tres profesionales que concursaron para ocupar cargo de fiscal fueron asignados a realizar tareas administrativas en la Fiscalía General del Estado.
En la lista figura la agente fiscal Patricia María Rivarola de Pfannl, quien concursó para agente fiscal de cuentas, sin embargo, se desempeña como directora jurídica de la institución. Matilde Elena Moreno Irigoitia también sería otra fiscal que ocupa un cargo administrativo; es coordinadora de relatores; y el tercero sería Roberto Carlos Zacarías Recalde, agente fiscal que ocupa cargo de director de gabinete del fiscal general del Estado. Estas desprolijidades generan preocupación y cuestionamientos por parte de los propios funcionarios en el Ministerio Público.