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La madre, quien fue denunciada por el diputado Enrique Antonio Buzarquis por un supuesto hecho de extorsión y coacción, está siendo víctima del avasallamiento de todos sus derechos. El juez Jorge Guillermo Garcete y el fiscal Víctor Manuel Vera se encargaron de ponerle un bozal legal, para supuestamente precautelar la imagen del diputado Buzarquis, pero con ese argumento pisotearon las leyes.
Claudia es una mujer que no tiene poder económico y menos político, para hacer frente a una estructura poderosa que movilizó la justicia en tiempo récord, para tratar de acallar a la joven, atemorizándola hasta el punto de querer dejarla confinada en su casa, coartándole el beneficio de movilizarse.
Ahora se anuncia que la desesperada madre en un último intento por lograr que el padre reconozca a su hijo presentará la demanda de filiación esta semana, eso conlleva una vez más gastos judiciales. En medio de ese litigio, Claudia Silvero deberá afrontar la realización de la prueba de ADN, que tiene un costo elevado.
Sin embargo, en la Corte Suprema de Justicia habilitó el año pasado un presupuesto para financiar las pruebas de ADN para las personas de escasos recursos.
Con el fin de constatar la falta de medios económicos de los involucrados, el juzgado envía el formulario de realización del examen a la Corte, luego de obtener dictamen favorable de la Fiscalía y la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Niñez, se otorga el beneficio. Tras superar el proceso administrativo, se comunica al Juzgado solicitante la aprobación de la realización de dicha prueba.
Con esto se salva el obstáculo que muchas veces es la parte económica para que se pueda saber quiénes son los padres de un menor o en cualquier otro proceso donde se necesite la prueba de ADN.
Lo que se espera es que la Corte Suprema sí actúe conforme a derecho y no violente los derechos de la madre, como ya lo hicieron el juez y el fiscal, quienes pisotearon la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los tratados internacionales que firmó el Paraguay, para censurar, preopinar y coartar los derechos de la procesada. Es más, la misma Fiscalía ahora abrió una investigación sobre las actuaciones del agente fiscal Víctor Vera, quien podría recibir severas sanciones.