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La defensora general interina apeló a una vieja estrategia de funcionario público en aprietos cuando habló de derechos, que nadie discute, en vez de explicar cómo ingresaron todos sus familiares al Ministerio de la Defensa Pública y cómo consiguieron jugosos salarios en una entidad en que hay quejas permanentes de precariedad.
Solo entre enero y noviembre del 2018 a los contribuyentes les costó G. 1.157 millones pagar las remuneraciones de Morel de Acevedo y sus familiares en la Defensa Pública. Ella, en junio del año pasado, llegó a cobrar la friolera de G. 113.918.761 en concepto de salario, gastos de representación, viáticos, subsidio de salud y otros ítems.
“Obviamente, tanto vos como yo tenemos derecho de enamorarnos”, respondió Morel a una pregunta sobre el ingreso a la Defensa Pública de su nuera Tania Noemí Argüello Torres. Aseguró que ella nunca nombró a nadie y que su nuera no tiene la culpa de haberse enamorado justo de su hijo Francisco Acevedo Morel, ambos siendo funcionarios de la institución a su cargo. Dijo que Tania Noemí era funcionaria del Poder Judicial, pero pasó a la Defensa Pública cuando esta entidad se apartó de la Justicia.
Cuando le consultaron si sus hijos y otros familiares siguen en la Defensa Pública, contestó visiblemente nerviosa: “Como todo el mundo tienen derecho a trabajar, como todos tienen derecho a trabajar”.
Morel, conforme a las denuncias de funcionarios, desde que entró en la Defensa Pública formó un círculo de privilegiados con millonarios salarios y viáticos, constituido por familiares y personas de su confianza, mientras que muchos empleados, inclusive defensores públicos, reciben exiguos viáticos y tienen que poner hasta de sus bolsillos dinero para combustible de móviles.
Pese a los escandalosos ingresos que percibió Morel y las dudas sobre su gestión, ayer anunció que ya está postulada nuevamente para seguir en el cargo.
La defensora general interina, que remplazó a Noyme Yore, imputada por usurpación de funciones, estuvo en Palacio de López para la presentación de 23 camionetas adquiridas por G. 5.000 millones que serán distribuidas a las oficinas de la Defensa Pública en todo el país, según explicó Morel.