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El 4 de noviembre de 2007, sospechosamente la Corte Suprema modificó la acordada que regula la expedición de registros para los notarios públicos e introdujo la figura del escribano suplente. En ese entonces, el cambio en el reglamento no llamó la atención.
Sin embargo, la modificación habría sido con el objetivo de negociar los registros de escribanos, por los cuales, según denuncias, se llegaron a pagar entre 50 y 100.000 dólares.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, la Corte llegó a habilitar entre 8 y 10 suplentes. Luego de descubrirse el negocio en el que habrían estado involucrados algunos ministros y altos funcionarios del máximo tribunal, la mayoría de los ministros se fue oponiendo a la designación de notarios suplentes en diferentes puntos del territorio nacional.
La propuesta
La modificación de la acordada fue a propuesta del ministro Óscar Bajac, según confirmaron las fuentes.
En la acordada modificada se enfatizó que “en todos los casos de propuesta de designación de notario suplente, deberá ser acompañada de la firma del notario propuesto en prueba de conformidad. El notario suplente ejercerá sus funcionarios mientras duren las circunstancias que motivaron la designación”.
Estos datos saltaron ahora a la luz, a raíz de la denuncia que realizó el diputado Colorado Ramón Romero Roa, quien manifestó que los registros de escribanos se venden hasta por US$ 200.000.
Acusó a Bajac
El legislador señaló específicamente al ministro Bajac, como uno de los involucrados en el negocio. Si bien aseguró que tenía pruebas, el parlamentario nunca las exhibió ni tampoco hizo la denuncia ante la Fiscalía.
La denuncia que hizo Romero Roa, en dos sesiones de Diputados, sin embargo obligó al doctor Bajac, a renunciar como miembro del Tribunal Examinador, del último concurso de oposición para obtención de registros.
La sugestiva modificación de la acordada, la denuncia pública de Romero Roa y otras realizadas por los escribanos sin registros, fortalecen las sospechas de que el registro de escribano fue un buen negocio para algunos ministros y altos funcionarios de la Corte.
Para tratar de recuperar la credibilidad, en el último concurso de oposición que se llevó adelante la semana pasada y para lo cual se habilitaron 65 registros, la máxima instancia judicial cuidó todos los detalles para que puedan acceder al registro los que realmente merecen. Hasta ahora, no hubo cuestionamientos de los que rindieron el examen.
Unos 17 aspirantes empataron con 42 puntos y la Corte Suprema analiza los méritos de los mismos, ya que solo quedan 13 registros. Es decir, que cuatro quedarán fuera y deberán esperar el próximo llamado.
DIPUTADO DEBE DENUNCIAR
El diputado colorado Ramón Romero Roa, quien ratificó que tiene pruebas de la implicancia del ministro Óscar Bajac en el pedido de coima para otorgar registros a escribanos, debe hacer la denuncia ante el Ministerio Público para la apertura de una investigación penal. Es a los efectos de corroborar o descartar la grave acusación que salpica a un integrante de la máxima instancia judicial.
Se espera que el parlamentario se presente ante la Fiscalía, ya que no es la primera vez que se habla de pedido de coima para la obtención de registro.