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La Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que modifica el artículo 93 de la Ley 4848/13 “que aprueba el presupuesto general de gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2013”.
Con la nueva legislación, eliminaron el cerrojo impuesto en la ley de presupuesto a la compra de las cuestionadas tierras ubicadas en el distrito de Unión, que se ofertan al Indi desde hace al menos 3 años.
La ley decía que “los créditos presupuestarios programados en el objeto de gasto 450 ‘Tierras, terrenos y edificaciones’... en ningún caso podrá ser utilizado... para la adquisición de la finca 7.862 del distrito de Unión, departamento de San Pedro”. Todo el párrafo fue eliminado de la normativa.
Se trata de una propiedad de 7.862 hectáreas perteneciente a Eliodoro Cohene. Según los antecedentes, el actual propietario adquirió las tierras en G. 1.200 millones en el 2010 e inmediatamente ofertó al Indi en G. 50.000 millones.
En el 2012 el entonces presidente del Indi Óscar Ayala se había negado a realizar la compra por dos razones: está excesivamente sobrevaluada y porque más de la mitad de la propiedad, unas 4.000 hectáreas, es anegadiza.
Todos los diputados por el departamento de San Pedro apoyaron la modificación de la ley.
El diputado Freddy D’Clessis (ANR) pidió liberar los recursos para realizar la compra, de esa forma se dará oportunidad a la gente a ocupar la tierra.
A su turno, Perla de Vázquez (independiente) aseguró que las familias del lugar necesitan tener arraigo, y aseguró que lo único que se hace es eliminar el cerrojo para en adelante evaluar la compra.
Pastor Vera (PLRA) agregó que a partir de ahora el Ejecutivo tendrá la posibilidad de negociar la adquisición de la propiedad.
Las tierras son requeridas por la Liga Nacional de Carperos, liderada por el cuestionado dirigente de izquierda ligado al Frente Guasu José Rodríguez. Supuestamente, serían destinadas a hábitat de indígenas Mbya Guaraní y para asentamiento campesino.
El exdiputado por Patria Querida Carlos Soler había comparado la oferta de las tierras de Unión con la del sonado caso Teixeira, también en San Pedro, cuya compra no se concretó gracias a la denuncia de la prensa.