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Con la Resolución 928 del 26 de julio de este año, el entonces ministro de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis había anulado varios llamados a licitación que se encontraban afectados a la fuente de financiación con bonos soberanos.
Esta resolución incluyó la licitación para la construcción de la avenida Costanera Norte, segunda etapa (Gral. Santos-Botánico).
Según nos confirmó ayer el exministro, el propio equipo de transición de Horacio Cartes, y por notificación de Contrataciones Públicas, tomó la decisión de anular los llamados. “El mismo Afara (vicepresidente de la República) me pidió que deje sin efecto los llamados, porque decían que los costos eran muy elevados y que habíamos hechos todo mal los trabajos”, declaró el exministro.
En la presentación que había hecho el MOPC, aún en la era Buzarquis, ante el Congreso para justificar el financiamiento a través de los bonos soberanos, figuraba que la avenida Costanera Norte tendría un costo de US$ 59 millones.
Sin embargo, en la administración actual a cargo de Ramón Jiménez Gaona ignoraron la resolución que había anulado el llamado, continuaron con el proceso y adjudicaron a dos empresas: Topografía y Caminos (TyC) de Francisco Griñó y CDD Constructora de César Delgado. El monto total de la adjudicación es de US$ 74 millones.
Esta información fue confirmada ayer por el ingeniero Walter Causarano, viceministro de Obras, quien argumentó que cuando llegaron al MOPC se encontraron con una resolución de Contrataciones Públicas de la administración anterior que, según él, dejaba sin efecto la resolución de Buzarquis.
Es por ello, dice Causarano, que se vieron obligados a continuar con los procesos y declarar desiertos los que no se ajustaban a las estimaciones del ministerio en materia de costos.
Consultado sobre por qué se disparó el precio de la obra, Causarano dijo que incluso el monto inicial que figuraba en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) elaborado por el gobierno anterior era de US$ 77 millones, pero que ellos adjudicaron por US$ 74 millones.
Buzarquis niega esta versión de Causarano y se remite al documento que ellos habían enviado al Congreso para su aprobación, en el que figura que el costo estimado de la avenida Costanera Norte era de US$ 59 millones.
Lo cierto es que la administración de Jiménez Gaona adjudicó a dos empresas por un monto de US$ 15 millones más que el proyecto inicial, que incluso los mismos hombres de este gobierno habían solicitado que se dejara sin efecto, porque consideraron que había sobrecostos.
¿Sería este caso el primer negociado del “nuevo rumbo”?
Llamados pueden ser anulados
Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, dijo que cualquier convocante tiene atribución para anular y dejar sin efecto un llamado a licitación y que incluso puede anular un contrato. “La mayoría de las veces las instituciones públicas pueden anular el contrato. Y ni qué decir el llamado. La cancelación del llamado es una de las fuerzas más grandes que tiene la convocante para anular el llamado”, explicó Seitz. El actual viceministro de Obras, Walter Causarano, dijo que nos remitiría hoy la resolución de Contrataciones de la administración anterior que tuvo un criterio totalmente diferente al actual y argumentó que el MOPC no podía anular los llamados ya convocados. Buzarquis dice desconocer esta disposición.
jtorres@abc.com.py