Los ministros Víctor Núñez, Wildo Rienzi y Oscar Bajac y el camarista Agustín Lovera Cañete, quienes firmaron la sentencia contra el director de nuestro diario, estuvieron en el festejo del último cumpleaños de Galaverna. De acuerdo a fuentes judiciales, los citados magistrados son "incondicionales" del parlamentario y fueron los que más maniobraron para que el fallo contra Zuccolillo se firme antes de que termine el 2005.

El ministro Núñez, de acuerdo a las fuentes, habría sido el principal promotor para acelerar la sentencia que favoreció a Galaverna, quien también contó con la colaboración de su viejo amigo Wildo Rienzi.

A la postura de los magistrados señalados más arriba se sumaron los ministros Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes y el camarista Emiliano Rolón, quien al igual que Lovera Cañete integró la Corte debido a la inhibición de los ministros Sindulfo Blanco y César Garay.

El ministro José Altamirano votó por el rechazo de la casación que presentó Galaverna ante la Corte, en la que incluso solicitó que Zuccolillo sea remitido a la penitenciaría de Tacumbú.

La doctora Alicia Pucheta de Correa, quien fue preopinante, votó que Zuccolillo sea condenado a pagar una multa de 700 millones de guaraníes y una composición de alrededor de G. 300 millones a Galaverna.

Sin embargo, el doctor Núñez, a cuyo voto se adhirió la mayoría, dijo que la composición que se tiene que pagar a Calé debe ser G. 712 millones.

Los antecedentes revelan que la causa se inició a raíz de una querella que presentó Calé el 24 de diciembre de 1998 por calumnia, difamación e injuria contra el director de ABC. Galaverna se sintió agraviado por publicaciones que lo acusaron de: estadía gratis en el hotel Guaraní; que figuraba en la lista de deudores de alto riesgo del sistema bancario; que traficaba con influencias y que otorgaba protección política al entonces presidente del Banco Nacional de Trabajadores, Edgar Cataldi Casal Ribeiro (condenado a 10 años de cárcel por el vaciamiento del BNT); que de la nada armó una industria de cerámica en Ypacaraí conocida como Yoayú, etc..

Los ministros que intervinieron en la causa solamente analizaron los elementos que supuestamente atentaron contra el honor de Galaverna. En ninguna parte del fallo hablaron de que el mismo es un hombre público y que está expuesto a las críticas; tampoco mencionaron la libertad de prensa y de expresión garantizada en la Constitución Nacional.

En la causa hubo fuertes presiones políticas, a las cuales cedieron todos los ministros quienes consideraron que las publicaciones atentaron contra la "buena fama social" de Galaverna.