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La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Mirtha Morínigo de Florentín, de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema, en nombre de los nueve ministros, cientos de magistrados y unos diez mil funcionarios judiciales.
Los ministros Fretes, Bareiro y Peña admitieron la acción y como medida cautelar suspendieron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25 de la Ley N° 5033/13 en los que se establece la obligación, los datos a ser declarados y las sanciones contra los que no incumplan las disposiciones.
De momento, los ministros dispusieron que la Contraloría no realice el examen de correspondencia de bienes, debido a que pueden desencadenar en sanciones pecuniarias con multas de hasta 500 jornales mínimos.
La normativa atacada de inconstitucional prevé que el contralor general imponga también sanciones como cesantía del cargo, y según el caso la inhabilitación para ocupar cargos públicos, sean nombrados o contratados, y de ser electos en elección popular por el término de cinco años y de diez años en casos graves.
Asimismo, se impide que la CGR acceda a los datos de entidades bancarias y financiera, que están obligadas por esta ley a facilitar información, documentación o el acceso a cajas de seguridad. Si se oponen a hacerlo, los antecedentes deben ser remitidos a la justicia.
Otro punto atacado es que el funcionario consigne los nombres de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad.
Aclaración
La Corte, a través de su Dirección de Comunicaciones, manifestó ayer que el Poder Judicial no se opone a la declaración jurada.
Lo que se cuestiona es el formulario, en donde se agregaron varios requerimientos que se consideran inconstitucionales.
Se dijo que la Corte incluso abrió sumarios a los funcionarios que no cumplían con la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría.