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El 16 de febrero pasado, Pucheta, entonces titular de la Corte, solicitó a la fiscalía que le remita la carpeta original para estudiar la recusación contra Centurión. A tres meses de dicho pedido, los tres ministros que integran la Sala Penal no resolvieron la recusación del agente del Ministerio Público ni tampoco devolvieron el expediente para que la fiscalía pueda continuar con las diligencias del caso.
Pucheta, quien tiene una muy buena relación con el presidente Horacio Cartes, para parar la investigación penal y evitar imputaciones de políticos colorados, pidió la carpeta original para que la investigación no avance.
La remisión de la carpeta fiscal a la Sala Penal de la Corte no es común, solo se da en casos excepcionales. Por ejemplo, cuando hay injerencia política en la causa, como en este caso; o cuando está procesada una persona con poder económico.
La recusación había sido planteada por el abogado Luis Rojas en representación de Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré y seccionalero, involucrado en el caso de firmas falsificadas.
El abogado de Cárdenas alegó que la esposa de Centurión, Carol Noemí Flores, integra el movimiento Colorado Añetete, disidente.
El otro fiscal de la causa, Angel Ramírez, tampoco puede intervenir porque el expediente original está cajoneado por los ministros.
La investigación se abrió a raíz de que miles de firmas falsificadas de vivos y muertos fueron halladas en las planillas pro reelección vía enmienda presentadas por dirigentes, autoridades y legisladores del gobernante Partido Colorado ante la justicia electoral.
Cuando los involucrados estaban a puntos de ser imputados, entre ellos Cárdenas, este recusó a Centurión, que fue confirmado en la causa por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Sin embargo, la decisión del titular del Ministerio Público fue recurrida ante la máxima instancia judicial.