Ministro solicita sesiones públicas para la Corte

La plenaria de la Corte Suprema de Justicia fue nuevamente pública ayer y el ministro Manuel Ramírez Candia incluso solicitó extender la televisación a las sesiones de las salas sobre temas de interés público. Sin embargo, su colega la Dra. Gladys Bareiro de Módica declaró estar en contra.

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La publicidad de los actos de la máxima instancia judicial sigue siendo motivo de conflicto entre los miembros del Poder Judicial.

El Dr. Antonio Fretes inició la plenaria con un pedido de disculpas públicas por la no transmisión de la sesión anterior, que atribuyó a motivos de “fuerza mayor”.

El ministro Manuel Ramírez Candia solicitó que no solamente las sesiones del pleno sean televisadas, sino también las de las salas penal y constitucional.

“(...) yo creo que no habría ningún inconveniente aquí de que algunas decisiones importantes de la sala penal se hagan en forma pública, de la sala penal y de la constitucional. ¿Cuál sería el problema? Yo creo que va a redundar en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad jurídica”, argumentó Ramírez.

Bareiro se opuso tenazmente a dicha posibilidad y al señalársele el ejemplo del sistema brasileño, la ministra se limitó a decir que no considera “sistemas foráneos”. Finalmente, se acordó analizar mejor el tema.

Fretes se refirió igualmente al avance del proyecto “Observatorio de Causas Judiciales” que tiene por objetivo el monitoreo en línea de causas relacionadas a hechos de corrupción y otros, a través del sitio web oficial.

Auditoría al caso Yore

También ayer, a pedido del ministro Eugenio Jiménez, la Corte dispuso la realización de una auditoría de gestión inmediata a la causa abierta a la exdefensora general del Estado Noyme Yore, en 48 horas. También se auditará el caso Cajubi.

Auditoría en la causa Cajubi

El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer auditar la decisión de la exjueza de ejecución Lourdes Scura, quien antes de jubilarse otorgó arresto domiciliario a Víctor Bogado, expresidente de la Caja de Jubilados de la Itaipú condenado a la pena de 14 años por el desfalco a dicha asociación. Bogado se encuentra ahora bajo arresto domiciliario. En 48 horas se debe elevar un informe.

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