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Mabel Causarano remitió una nota al contralor general para ponerle en conocimiento que con base en averiguaciones respecto a facturas pendientes de pago, tras el corte administrativo realizado en agosto del 2013, “se ha detectado que uno de los responsables de las irregularidades sería Marco Antonio Torres Brítez, funcionario permanente de la Contraloría General de la República, quien estuvo comisionado a esta institución desde el 20/07/2012 hasta el 28/08/2013, desempeñándose como director general de administración y finanzas”.
Las irregularidades detectadas, según dictámenes de asesoría jurídica de la Secretaría de Cultura y de la Procuraduría General, consisten en que se emitieron órdenes de compra, contratos y licitaciones sin la firma de responsables de la institución. En este caso, el director general de administración, Torres Brítez. Esa situación expondría al Estado a demandas por parte de sus proveedores.
Entre ellas se menciona contratación con la empresa “Alimentos y Servicios SRL”, G. 87.424.418; servicios de seguridad y vigilancia con Guardián SA, G. 30.241.696; adquisición de equipos para sistema de vigilancia y monitoreo y software para equipos de informática y redes, por G. 27.739.250; servicio de ceremonial: G. 4.620.000 y G. 86.759.418.
En el contrato para servicios de impresión de varios libros por G. 19.200.000 y 12.250.000, los contratos y órdenes de compra sí estaban firmados, pero el papel utilizado en la tapa del libro impreso no coincide con lo establecido en el contrato, dice el dictamen de la Procuraduría General.
Causarano pide a la Contraloría General que con base en los antecedentes, “se adopten las medidas que considere oportunas en relación a las irregularidades detectadas y que podrían exponer al Estado a demandas...”.