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El 3 de diciembre pasado, Campos Krauer informó a la Fiscalía que el dueño de Comtecpar (Carlos León Ocampos) –en su declaración jurada ante Dimabel– señaló que iba a proveer al Estado, pero que los materiales bélicos serán trasladados del depósito de la Dirección de Material Bélico al usuario final (Corte, Ministerio del Interior y Fuerzas Armadas), por que su empresa no tiene depósito habilitado.
Sin embargo, mediante la orden de entrega número 26/12, el jefe de Registro Nacional de Armas, teniente coronel Óscar Villagra, autorizó que 51.000 municiones y 500 granadas, que se importaron para el Ejército, se trasladen al “depósito” de Comtecpar.
Estas y otras contradicciones documentadas fortalecen las sospechas del presunto negociado con armas.
Saltó a la luz pública que, con autorización de Dimabel, la compañía proveedora importó más de 3.000 municiones de guerra por sobre lo adjudicado por el Ejército, en el año 2011.
Por otro lado, la Corte adjudicó a Comtecpar una licitación para la provisión de 2.500 municiones. Sin embargo, la Dimabel autorizó la importación de 12.500 municiones.
Parte de las municiones que se importaron para la Corte, el 30 de enero pasado fue adquirida de casa Yamgo, de Asunción, por Rubén González Peralta. Este es uno de los socios de Comtecpar, pero que está en pleito judicial con León, quien administra la empresa.
González Peralta, ante la gravedad del hecho, el 7 de febrero pasado presentó una denuncia ante la Corte.
El 13 de febrero pasado, el entonces titular del alto tribunal, Víctor Núñez, remitió los antecedentes a la Fiscalía General y resaltó que se estaba ante un hecho grave.
González Peralta el año pasado ya hizo una denuncia ante la fiscalía barrial. El caso estuvo a cargo del fiscal Alexis Takajashi, a quien le remitió el informe el general Campos, afirmando que Comtecpar no tiene depósito.
La causa luego quedó a cargo de la fiscala Claudia Morrys.
Esta semana, el titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, ordenó la remisión de la carpeta a la Unidad Antisecuestro y designó a los fiscales Sandra Quiñónez, Federico Delfino y Francisco Ayala para que investiguen un presunto tráfico internacional de armas.
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