Cargando...
Vecinos de los barrios Remanso y María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso denuncian el rápido desmonte de la sede del Comando de Apoyo de Combate, ubicada en la cabecera del Puente Remanso.
Se trata del mismo predio que se “intentó” vender al municipio local en forma irregular en 2015.
La “limpieza” de la zona boscosa se lleva a cabo en el marco de la construcción de la nueva Escuela de Formación de Suboficiales de la Armada (EFSOA), a un costo de G. 23.502 millones, como parte del plan del Presidente Mario Abdo Benítez (ANR) de priorizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) por sobre el sistema de Educación, Salud o formación de mandos medios.
Según el proyecto, la obra incluye numerosos edificios, pistas atléticas y piscinas. Estos trabajos fueron adjudicados al Consorcio Marangatú; a la firma Edevisa y a la constructora Aponte Latorre que recibirán G. 2.000 millones correspondientes al 2018; G. 10.751 millones en 2019 y G. 10.751 millones en 2020.
La adjudicación fue firmada el 11 de octubre último por el entonces comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Hugo Milciades Scolari Pagliaro, 20 días antes de ser reemplazado por el general del Aire Eladio Casimiro González Aguilar.
Ley no les toca
Al ser consultado sobre el cumplimiento de los estudios ambientales, el Ing. Carlos Latorre, de Aponte Latorre, señaló que el pliego de bases y condiciones aclara que todas las obras vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional están excluidas de cumplir la Ley Ambiental.
Efectivamente, en el pliego se aclara que los requisitos de carácter ambiental “No se aplican” en este caso, conforme a la Ley 294/93 de “La evaluación del impacto ambiental”.
También se señala que no requieren estudios del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) ni de la Dirección de Recursos Hídricos de la ex-Seam hoy Ministerio del Ambiente, cuyo titular es Ariel Oviedo.
El director de comunicación social de la Armada, capitán Derlys Manevy, ratificó que la ley excluye a las FF.AA. de los estudios ambientales, pero dijo que los planos ya fueron aprobados por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, cuya intendente es Carolina Aranda (PLRA).
En el Ministerio del Ambiente, su director de Protección y Conservación, Darío Mandelburger, también explicó que los militares son excluidos de la norma mientras que cualquier ciudadano o empresa debe rendir el examen de impacto ambiental en este tipo de emprendimientos.