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El gobierno de Horacio Cartes asegura que pedirá la revisión, a lo largo del semestre, de seis normativas (infografía) del Mercosur, de un total de 180, adoptadas durante la ilegal suspensión en el bloque. Se trata de decisiones, resoluciones y directivas comerciales. “Varias tienen un impacto positivo, otras tienen un impacto neutro y unas pocas tienen un impacto que si bien pueden llegar a ser negativas plantearán para que se tornen positivas”, según anunciaron días atrás fuentes oficiales de la cartera de RR.EE.
Los documentos aprobados en el bloque por Brasil, Argentina y Uruguay, están siendo analizados en el Consejo del Mercado Común nacional (CMC), que integran ministros y viceministros del área.
El Gobierno señala que los aprobados por el Mercosur durante la suspensión de Paraguay serán revisados y reclamados, si hubiere alguna que perjudique los intereses nacionales. Pero el ingreso ilegal de Venezuela al bloque dejó el precedente de aceptar los hechos consumados.
Según el Protocolo de Ouro Preto, adicional al Tratado de Asunción, “las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes” (artículo 37). La institucionalidad del bloque fue golpeada al aceptar a nuevos socios durante la ausencia de un país fundador, Paraguay, señaló ayer una fuente diplomática.
Posición del Gobierno
Un comunicado de la Cancillería del 19 de diciembre pasado sostiene que la “participación de Paraguay en el Mercosur no implica aceptar todo lo actuado en dicho proceso desde el mes de junio de 2012 hasta la fecha”. Indica que “el Paraguay ha hecho reserva de sus derechos. En este mismo sentido, para el Paraguay el Protocolo de Ushuaia II no se encuentra en vigencia”.
El Senado rechazó
Por amplia mayoría, la Cámara de Senadores rechazó el 25 de octubre de 2012 y envió al archivo el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur, Ushuaia II. El Senado de entonces calificó la cláusula “absolutamente perversa” contra nuestro país por ser un país chico y mediterráneo, y aseveró que atenta contra la Constitución y la soberanía.
El Protocolo de Montevideo necesita la aprobación legislativa de todos los socios para entrar en vigencia.
Al respecto el canciller nacional, Eladio Loizaga, calificó semanas atrás de una “barbaridad” y valoró el compromiso de diplomáticos de la Cancillería que se opusieron al Protocolo que habla de cierre de fronteras y bloqueo de los ríos, además de corte de rutas y de suministro de energía, entre otras ilegales medidas.