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La condonación de la deuda de los pequeños productores (con fincas hasta 30 hectáreas) debe ser tanto con la banca estatal como con la privada, “y eso ya está propuesto en un proyecto de ley que planteamos en octubre de 2015 y no se definió, por eso venimos a Asunción y vamos a seguir aquí”, dijo ayer Luis Aguayo, líder de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)
Aguayo fue consultado sobre el tema tras participar en el programa “Consultas Ciudadanas” de ABC Cardinal, donde junto a Filemón Paredes, dirigente de los cañicultores, anunciaron que están dispuestos a seguir las negociaciones con el Gobierno, pero no ya con representantes, sino en presencia del propio presidente Horacio Cartes, o su vicepresidente, Juan Afara.
Los citados dirigentes sostienen que según sus cálculos, la condonación representaría unos G. 150.000 millones (US$ 27 millones) y alcanzaría a unas 70.000 familias deudoras, que según ellos están acogotados económicamente y ya es imposible que puedan pagar sus deudas. Preguntados si están en condiciones de probar esa cantidad y la situación de crisis de los deudores, alegaron que ya tienen en carpeta registros parciales, pero que primero necesitan la decisión política para luego pasar a una mesa técnica donde se debe tratar cada uno de los casos, y que para ese momento se comprometen a reunir ya todas las carpetas.
Paredes, por su parte, y ante otra consulta, expresó que ellos tienen su producción en su chacra y que si no quieren condonarles la deuda, les insta al Poder Ejecutivo a que acepte la caña dulce como medio de pago.
Según Aguayo, la MCNOC maneja que existen unos 250.000 productores con fincas hasta 50 hectáreas, pero que esa cantidad responde a datos que manejan las organizaciones sociales, pues no existe un censo actualizado a nivel del Estado.
Alegaron también, respecto a las causas de esta situación de morosidad, que al clima, el mercado insuficiente y los bajos precios, se suma el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), “que no se adecua a la realidad de la agricultura familiar”.
Prisión para “piqueteros”
CAPIIBARY. La jueza Rosa Talavera, de Santaní, dictó prisión (por perturbación de la paz pública) contra el concejal municipal por Frente Guasu (FG) de Capiibary Alberto Velázquez Leiva (37), con antecedente por invasión; Benigno Ramón García (34), exconcejal municipal por FG; Silvino Narciso Brítez (50) y Ángel Custodio Herrera (65), ya detenidos. Ellos lideraron un cierre de ruta el pasado jueves en apoyo a los labriegos que protestan en Asunción. Serán recluidos en la cárcel de Coronel Oviedo.