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El abogado y exdiputado cartista Bernardo Villalba dijo que durante el periodo que lleva la intervención se tuvo supuestamente un daño patrimonial de más de G. 5.200 millones y que la interventora de la Comuna tomó atribuciones que no le corresponden, por la cual la administración municipal dejó de percibir unos G. 1.300 millones.
“¿Por qué Carolina Llanes, fuera de sus atribuciones, dispuso descuentos en tasas municipales, pese a la existencia de una normativa que regula los mecanismos de exoneración?”, se preguntó el abogado Villalba.
Según Villalba, el objetivo no es amedrentar a la interventora, sino hacer respetar y cumplir las normativas. La ley dice que quien promulga las ordenanzas es el intendente, y ella no tiene la competencia de promulgar eso con respecto a un descuento que se realizó para pago de tasas, manifestó. “Llanes debe regirse por la Ley 317/94, que regula la intervención municipal, y donde expresa que sus atribuciones solo se limitan a la dirección del personal y a la ejecución presupuestaria”, dijo.