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El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifarma), Ubaldo Scavone, afirmó que están en proceso de recabar los documentos necesarios para presentar ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el pedido de avenimiento para rescindir contrato con la previsional.
Indicó que los diferentes gremios nuclean a cerca de 60 empresas, entre fabricantes, distribuidoras, entre otros.
El titular del IPS, Hugo Royg, se reunió ayer con el director de la DNCP, Pablo Seitz, teniendo en cuenta que es la institución que mediará en el proceso.
“Se buscará llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que es un área muy sensible”, comentó Seitz. Indicó que la propuesta de la previsional es presentar un plan de pagos, conforme como ya lo realizaba.
Scavone adelantó que no aceptarán esta propuesta. “Nosotros no vemos voluntad política para cumplir con el pago, no nos satisface un pago cronometrado. Queremos una respuesta concreta”, resaltó.
Royg señaló que la institución está cumpliendo con sus obligaciones con las proveedoras, si bien reconoció que no de la forma que quisieran. “Pagamos G. 250.000 millones y el compromiso es seguir pagando. Los números están mejorando, entre mayo y junio vamos a estar al día con la deuda”, dijo.
Quiebre técnico
Royg negó que exista un quiebre técnico y aclaró que existe un problema financiero porque hubo un exceso de gastos en infraestructura, medicamentos y recursos humanos.
En cuanto a la propuesta de saldar la deuda con fondos de los jubilados, señaló que por ley está prohibido.
“Piden pagar con el fondo de los jubilados. Se usaron todos los fondos de salud y ahora quieren el de los jubilados. Está prohibido”, dijo.
Ayer, al finalizar la sesión del consejo del IPS, el representante de la Feprinco, Luis Fleitas, dijo que el problema con las proveedoras no fue abordado.
Paso al costado
Por otra parte, Royg señaló que está dispuesto a dar un paso al costado si es que es la solución al problema.
“Hay otros intereses”, dice
El titular del IPS, Hugo Royg, señaló que existen “intereses creados” en torno a las publicaciones periodísticas sobre el pago de gratificaciones por US$ 10 millones y en concepto de ayuda vacacional, puesto que están estipulados en el contrato colectivo. “El cuestionamiento es generar una sensación de caos innecesaria”, dijo ayer en radio Ñandutí. No especificó de parte de qué sector.
Señaló que tienen como meta culminar en abril las modificaciones del contrato, que hoy contempla beneficios no acordes a la situación financiera.