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A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.
El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012. Hablaban de urgencia impostergable y pedían la contratación directa por la vía de la excepción. Esto significaba que buscaban elegir a dedo a quienes se quedarían con un contrato de G. 20.000 millones, unos tres millones de dólares.
Menos de dos meses después, en junio de 2016, la licitación ya estaba finiquitada. La SET, con Marta González a la cabeza, decidió contratar al CIAT, que –¡oh casualidad– tenía a Marta González como directiva.