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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El presidente de la República Mario Abdo Benítez visitó ayer –fuera de su agenda oficial– la Municipalidad de Ciudad del Este.
En la Comuna, el mandatario se reunió con la interventora Dra. Carolina Llanes para darle su respaldo. Al salir de la breve reunión con la interventora y su equipo, el jefe de Estado saludó a algunos funcionarios municipales.
En ese momento, Abdo Benítez fue abucheado por Castorina Molinas, secretaria de conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de CDE y hermana de la hurrera Aida (ex empleada doméstica de los Zacarías Irún, agresora de periodista y seccionalera). Le gritó “bandido” y le exigió que le paguen el aguinaldo. También se produjo un enfrentamiento entre Molinas y otros funcionarios municipales, que forman parte de los reincorporados después de 18 años.
La sindicalista zacariista denunció que no se paga el aguinaldo. Sin embargo, este jueves último empezó el desembolso. Desde el equipo interventor se informó que el pago continuará sin pausas. Informaron además que ya cuentan con el dinero suficiente en caja para pagar el aguinaldo a los 2.000 funcionarios.
No es la primera vez que el presidente Abdo Benítez se manifiesta a favor de la transparencia en la Comuna de CDE. Incluso anunció que iría a manifestarse en las plazas del Congreso para apoyar el pedido de intervención de la Municipalidad en la Cámara de Diputados por varias irregularidades administrativas presuntamente detectadas en la gestión de Sandra McLeod (ANR, cartista).
Abdo Benítez designó a la Dra. Llanes como interventora en representación del Ejecutivo, a quien calificó de a persona de prestigio, honesta e íntegra para estar al frente de esa labor. La intervención de la comuna esteña se inició el 5 de diciembre pasado y tiene un plazo de hasta 90 días para analizar todas las denuncias y elevar un informe final.
Diputados, al aprobar la intervención, consideró que las 15 denuncias presentadas por la Junta Municipal contra McLeod por supuesta malversación de fondos, falta de transparencia y acciones en la Corte para impedir auditorías de la Contraloría deben ser investigadas.