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Se habla de maniobras y una fuerte injerencia política, en el proceso seguido a Quintana como cómplice de tráfico de droga, tráfico de influencias, lavado de dinero, asociación criminal y enriquecimiento ilícito. El objetivo sería lograr el cambio de calificación, para luego conseguir la libertad del parlamentario que se encuentra recluido en la cárcel militar de Viñas Cue.
La defensa del legislador con permiso, ejercida por el abogado Álvaro Arias, propuso una serie de diligencias que se están tramitando y apuntan a favorecer al parlamentario, como declaraciones testificales y pedidos de informes, entre ellos a la Contraloría. Esta institución, a cargo del abogado Enrique García, debe enviar su dictamen sobre la correspondencia de bienes de Quintana. El documento sería favorable al parlamentario.
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, existen siete audios (Ver infografía) que vinculan a Quintana con el presunto narcotraficante, Reinaldo Javier Cabaña, quien había sido detenido durante el “Operativo Berilo”, que se realizó el 6 de setiembre pasado en Ciudad del Este.
Según fuentes, llama la atención que se estén llevando a cabo todas diligencias que serían favorables al legislador y no se hacen las que demuestran su implicancia en los hechos investigados. Por ejemplo, ni Quintana, ni los demás procesados solicitaron la degrabación de los audios, que se realizaron con autorización judicial y que evidencian como funcionaba la estructura criminal desbaratada y en la cual ubicó el Ministerio Público al legislador.
Las fuentes explicaron que si realmente el parlamentario nada tiene que ver en los hechos, hubiera pedido desgrabar los audios.
El proceso está a cargo del juez Rubén Ayala Brun, quien fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento, pero que llamativamente hasta ahora la Corte no hizo efectiva dicha determinación. Esto sería otro de los puntos que forman parte del presunto paquete de negociaciones para liberar al diputado y así pueda volver a la Cámara Baja.
Las fuentes insistieron de que existe una fuerte injerencia política en la causa.
Quintana, según la imputación fiscal, habría inyectado sumas de origen ilícito para sostener su campaña electoral. El dinero habría sido aportado por Reinaldo Javier Cabaña. Además usaba el vehículo de la marca Toyota, modelo Land Cruiser, con matrícula JJX 009, propiedad de Cabaña, más conocido como Cucho.
El Ministerio Público igualmente sostiene que el legislador también utilizó su investidura de Diputado Nacional para ordenar la liberación de un vehículo de 190.000 dólares, en el evento ocurrido el 28 de agosto de 2018, en la Comisaría 8ª de Nueva Londres.
En la imputación incluso se refiere que José Ramón Alarcón y Carlos Aguilar, en su carácter de secretarios de Quintana, habrían mediado para la liberación del vehículo, del dinero y de Diego Medina, que era muy cercano a Cucho y miembro activo de la organización.
“Diego Miguel Medina Otazú, integrante activo de la organización liderada por Reinaldo Javier Cabaña, era el encargado del traslado de importantes sumas de dinero hasta la ciudad de Asunción, utilizadas para el pago por sustancias estupefacientes –cocaína– y coordinar el posterior traslado de las sustancias estupefacientes hasta Ciudad del Este de forma transitoria, hasta su posterior venta al mercado brasileño. Esto se constató con el evento ocurrido en fecha 28 de agosto de 2018 en la localidad de Nueva Londres”, enfatiza la fiscalía.
Hace unos días, la Corte confirmó a la fiscala Lorena Ledesma en el caso, en donde hay numerosos policías y hasta un fiscal imputado a raíz de las grabaciones.