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Una serie de cambios bastante llamativos se produjeron con la llegada de Juan Carlos Baruja al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a principios de 2016. En particular, los cambios afectaron los proyectos que se llevaban adelante con fondos de los “bonos soberanos”.
Entre los primeros cambios la administración de Baruja decidió eliminar requisitos básicos como la experiencia en el rubro, la constancia de haber realizado obras previamente y la póliza de seguros para permitir que más empresas pudieran ingresar como proveedoras de las obras, que supuestamente debían beneficiar a los productores en el “Proyecto 70/30”.
Más chicos, más caros
El cambio más cuestionable afectó a la calidad y a la superficie de los invernaderos entregados.
Durante la primera etapa del proyecto los invernaderos debían tener una superficie de 320 metros cuadrados, además de contar con materiales especiales para la resistencia de las estructuras. Cada invernadero tenía un costo total de G. 45 millones, unos G. 140.000 por cada metro cuadrado.
Durante la administración de Baruja el tamaño de cada invernadero se redujo a menos de la mitad: 150 metros cuadrados. Lo que no se redujo fue el precio por metro cuadrado, sino que experimentó un aumento.
Con una superficie que no alcanzaba ni la mitad del tamaño original, cada nuevo invernadero pasó a costar G. 32 millones. Aproximadamente G. 215.000 por metro cuadrado.
Pero la cuestión no se limitó a un incremento del precio por metro cuadrado.
Con los cambios introducidos por la administración de Baruja se permitió que las obras fueran realizadas con materiales de pobre calidad. Por ejemplo, en lugar de usar un plástico especial para el techo de los invernaderos, con el espesor requerido, se permitió la utilización de un plástico común que no soporta el calor y que se deteriora rápidamente.
Esto los convierte en inservibles.
Empresas amigas
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, estos cambios permitieron la adjudicación de millonarios contratos a empresas nuevas y cercanas al entorno de Baruja y los funcionarios Fernando Paniagua y Antonio Arrúa, quienes se encargaban de la coordinación de los proyectos con los bonos soberanos.
La firma Roma Consultora, por ejemplo, recibió contratos por G. 13.000 millones sin tener experiencia previa.