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–¿Cuál es la real situación de la represión en Venezuela? ¿Es un mecanismo ejercido en forma masiva o son hechos aislados?
–Hay una política de represión que se dirige desde el Estado y que va destinada a ciudadanos que ejercen el derecho a la manifestación pacífica y a activistas de partidos políticos. Ante la falta de independencia y autonomía de las instituciones del Estado, se ha ido creando una estructura jurídica que debilita el estado de derecho y conforma un marco normativo que legitima la criminalización de todos los sectores que desde el Gobierno se consideren disidentes o de pensamiento distinto al que impone el partido oficialista.
Se han aprobado también normativas que ilegalizan el derecho a la protesta. En abril de 2014 el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que impidió ejercer el derecho a la manifestación sin autorización. En enero de este año el Gobierno autorizó a las fuerzas militares a utilizar armas potencialmente mortales para el “control” de las manifestaciones.
También se han creado otras instancias paraestatales que funcionan como grupos de choque, apoyados desde el Gobierno, para “neutralizar” grupos que puedan estar en desacuerdo con la gestión gubernamental. Se ha hablado de represión, principalmente, ante los conflictos de calle. Durante 2014 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 9.286 protestas en todo el país. 52% (4.833 protestas) de ellas se dieron en rechazo al Gobierno nacional, según el reporte anual de esta organización.
–¿Es la detención de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, un punto de inflexión en la situación?
–Con la detención y el procedimiento contra Antonio Ledezma se vulneran una vez más los principios del estado de derecho. Se lo llevaron sin orden judicial, y al día siguiente es que conocemos la orden de la fiscalía, sin imputación previa. Pero la noche antes el Presidente (Maduro) en cadena nacional informó sobre la imputación. Es decir, las prácticas de todo el Estado se dan de espalda a la Constitución y a los principios democráticos. Antonio Ledezma, alcalde electo popularmente para el Área Metropolitana de Caracas, es el tercer alcalde detenido y bajo investigación legal en el último año.
Durante las protestas del año pasado abrieron procesos contra Daniel Ceballos (alcalde del estado Táchira) y Enzo Scarano (alcalde del estado Carabobo). Los tres militan en partidos de oposición y contaban con un respaldo representativo en sus regiones. Los medios estatales se sumaron a la campaña gubernamental y acusan a Ledezma de “terrorista”.
–¿Cuál es la situación de la prensa y de los periodistas en general?
–Según el seguimiento que realiza IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) de Venezuela estamos frente a un panorama de desinformación y opacidad. Se han instaurado la censura y la autocensura. Hay fuerzas del poder estatal, no estatal y los propios medios de comunicación que debilitan el ejercicio del periodismo. 2014 cerró con la cifra más alta de violaciones a la libertad de expresión (341 casos). Se registran agresiones, se aprueban normativas que restringen las libertades y se impone la censura. Los medios estatales se han convertido en medios de propaganda y hacen una cobertura informativa parcializada. No hay medios de TV privados con líneas independientes y se han ido vendiendo a sectores desconocidos (se presume que cercanos al Gobierno) los medios que fueron críticos al Gobierno hace pocos años.
Quedan internet y las redes sociales como plataformas de información, pero esas vías también enfrentan fuertes dificultades en escenarios tan polarizados y radicalizados políticamente como el nuestro. Las limitaciones han trascendido al sector del periodismo y ahora también se afecta a ciudadanos que ejercen el reporterismo ciudadano. Han agredido, borrado material y detenido a personas que toman fotos en las colas o en supermercados ante la escasez de alimentos.
ana.rivas@abc.com.py