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El mayo del 2015, fuentes del Ministerio Público revelaron que el 90 por ciento de los agricultores no recibió ninguna ayuda. Cada uno de los mismos fue entrevistado por asistentes de la fiscala Acuña, quienes consignaron los testimonios en la carpeta de investigación. El 10 por ciento restante dijo que solo le entregaron semillas y no los implementos de trabajo.
Los testigos igualmente reconocieron que firmaron planillas a los funcionarios de Agricultura, debido a que tenían la promesa de que iban a recibir parte de los 35.000 millones de guaraníes previstos para el programa de asistencia a la agricultura familiar campesina.
En algunos casos, incluso les hacían venir a los agricultores hasta Asunción para cobrar los cheques del Banco Nacional de Fomento, pero luego a través de terceros se les sacaba la plata.
De acuerdo con el proyecto de asistencia debían ser beneficiados los productores de los departamento de Caaguazú, San Pedro, Central, Ñeembucú, Paraguarí y Canindeyú. Empero, nada recibieron del Ministerio de Agricultura, según los testimonios que obran en el expedientes judicial.
Llamativo cambio
Dos años después de iniciado el proceso de revisión, en mayo de 2017, sospechosamente hubo un giro de 180 grados en la investigación a cargo de la fiscala Acuña, quien según fuentes del Poder Judicial estaría a un paso de desvincular de la causa a Cardozo.
Dos años después, de todo lo que declararon los agricultores confirmando las “tragadas” la agente del Ministerio Público ya habría dejado todo de lado y ahora apuntaría a la desvinculación del exministro.
Precisamente, con ese objetivo se habría “enfriado” la investigación del Ministerio Público que comenzó en setiembre de 2014, por resolución del fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza.
La medida se tomó a raíz de un informe del fiscal Aldo Cantero, quien señaló que por resolución número 349 del 13 de marzo de 2012, el entonces Ministro Enzo Cardozo autorizó el plan de apoyo a la agricultura familiar campesina y ordenó la transferencia de 22.418.104.046 guaraníes a una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento.
Luego, el 5 de diciembre también de 2012, dispuso la transferencia de otros 13.335.342.075 de guaraníes a favor de la Cámara Frutihortícola del Paraguay.
En ambos casos existieron fuertes sospechas de que el dinero no fue utilizado para los fines para los cuales fueron autorizados, por lo que la fiscalía abrió la investigación.
Millonario perjuicio
El posible perjuicio fue detectado por el fiscal Cantero en el proceso donde está acusado Cardozo, por un desvío de G. 68.000 millones por otra “tragada” en el Ministerio de Agricultura.
Cantero reemplazó en la investigación del Ministerio Público a la entonces fiscala y actual jueza Claudia Criscioni, quien había sido recusada por el exministro de Agricultura.
Cardozo también fue acusado por la fiscala Alba Delvalle por el desvío de 3.700 millones de guaraníes. Esta causa y la abierta por el desfalco de 68.000 millones de guaraníes están cajoneados en la Corte Suprema de Justicia desde hace años y con ello se evita la audiencia preliminar en la que se debe resolver si el político liberal afronta o no juicio oral y público.
En todos los casos existen fuertes maniobras tanto políticas como judiciales que impiden que el proceso contra en el exministro avance.
Mientras tanto, Cardozo sigue ocupando sin obstáculos su banca en el la Cámara de Senadores.