El Estado se ha hecho cargo del resarcimiento a las víctimas de la dictadura sin accionarse fundamentalmente contra los funcionarios del régimen. Al igual que la mayoría de los bienes sustraídos del Estado, los de Stroessner recorren el camino de la impunidad. Muchos de los bienes que se adjudicaron durante su mandato los pasó a nombre de sus hijos que los blanquearon con posteriores traspasos. Todo en las narices del Estado paraguayo, reclama Martín Almada, propulsor de una denuncia por asociación ilícita para delinquir, producción de documentos públicos de contenido falso y ocultación de bienes. Mientras en Chile avanzaron en la investigación de los bienes robados por el dictador Augusto Pinochet, en nuestro país Stroessner y sus herederos gozan de los bienes malhabidos, demanda Almada.

En la investigación del fiscal Edgar Sánchez se llegó a establecer una línea de sucesión de bienes de carácter fraudulento, pero no se ha avanzado en el castigo o la expropiación. Varios bienes adjudicados por Alfredo Stroessner son de entidades públicas como la Comisión de Administración Puerto Stroessner, creada durante su régimen. Los delitos contra el Estado son imprescriptibles. Y si el primer acto es nulo, todos los posteriores son igualmente nulos, recuerda Almada.
En el 2003, Almada, una de las víctimas del régimen y premio Nóbel Alternativo, formuló denuncia contra Alfredo Stroessner, Alfredo Gustavo Domínguez Stroessner, Alfredo Gustavo Stroessner Domínguez, Humberto Domínguez Stroessner, Pascual Ros Orts, Geoffry Lloyd Bishop y la escribana Liliana Delgado. Esta denuncia se había establecido luego de que se decretara embargo contra los bienes de Alfredo Stroessner, en un caso también promovido por Almada, pero que no pudo ejecutarse por encontrarse todos los bienes transferidos a sus parientes.

En 1994 Alfredo Stroessner otorgó un poder especial a su nieto Alfredo Gustavo Domínguez Stroessner y/o Alfredo Gustavo Stroessner (es Goli Stroessner, hijo de Humberto Domínguez Dibb, que se adjudicó como primer apellido Stroessner) para vender la propiedad de su abuelo a la firma Sur Inmobiliaria, representada entonces por Pascual Ros Orts y Geoffry Lloyd Bishop, a fin de evitar el embargo preventivo sobre uno de los bienes. Otros inmuebles en Asunción, Hernandarias y Ciudad del Estos también serían "vendidos" a esta empresa. Una extraña "casualidad": Gustavo Stroessner sería en el corto tiempo el presidente de la entidad. Una empresa pantalla para blanquear los bienes, evitar embargos.

La empresa, creada en el ‘94, en el ‘96 lo nombra "en asamblea general ordinaria de accionistas" presidente, según la escritura suscrita por el escribano Luis María Alfieri Hernández, fijándose como capital social G. 3.500.000.000.

Almada volverá a la carga, con el nuevo fiscal general Rubén Candia Amarilla. Es un expediente que puede calibrar las intenciones políticas del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Al comienzo de este gobierno se anunció con bombos y platillos que el Estado recuperaría los bienes malhabidos, entre ellos enormes extensiones de tierras que del programa de reforma agraria fueron a parar a manos de políticos, generales, cuates, empresarios brasileños. Lo había anunciado Nelson Mora. Este señor ya no está en la Procuraduría. Terminó en Yacyretá como asesor jurídico. Coincidente destino de muchos cercanos de Nicanor Duarte Frutos: asesoría o membresía de consejo de las entidades binacionales, exentas de control público.