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La Cámara de Diputados resolvió ayer a la tarde, en su sesión ordinaria, estudiar el próximo miércoles el polémico proyecto que modifica la Ley N° 4743/12 de “Financiamiento Político”. El pedido de inclusión fue solicitado por el parlamentario Jorge Ávalos Mariño (PLRA-efrainista).
Inicialmente, dicho proyecto planteaba endurecer los controles a la financiación y al gasto político en elecciones internas, pero la mayoría colorada cartista intentó aprobar todo lo contrario. Este bloque quiso elevar el tope de “donativos privados” de 5.000 jornales mínimos (G. 340 millones) a 50.000 jornales mínimos (G. 3.400 millones).
Previamente, en horas de la mañana, la Comisión asesora de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara Baja, que preside Éber Ovelar (ANR-disidente), dictaminó aprobar el proyecto sin las cuestionadas modificaciones introducidas por la bancada cartistas.
Ovelar señaló que los miembros del órgano resolvieron mantener el tope de 5.000 jornales mínimos de aportes privados para cada campaña o precandidato. Subrayó que este era el monto recomendado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside su colega Ramón Romero Roa (ANR-cartista).
Agregó que también recomiendan incorporar a la tarea de fiscalización y rendición de cuentas de los partidos políticos a la Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda (SET) y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Por otro lado, Ovelar agrega que otra recomendación será que los partidos y candidatos podrán justificar con simples autofacturas todos los gastos menores a un salario mínimo (G. 2.041.123) que se realicen el día de las elecciones, es decir, “en el Día D”.
Listas sábana
En cuanto al proyecto de desbloqueo de listas sábana, también debería tratarse en la próxima sesión. El 5 de julio último, el pleno con mayoría cartista resolvió postergar este punto por 30 días, pero dicha fecha cae sábado.
La propuesta busca dar al elector la posibilidad de instalar el voto preferencial y alterar el orden cerrado de las listas partidarias de candidatos a diputados, senadores y miembros de juntas departamentales.
El proyecto plantea el uso de urnas digitales conectadas en red para garantizar el escrutinio. La ANR ha expresado su oposición al proyecto y buscan retrasarlo hasta las municipales del 2020.
El 21 de agosto es la fecha límite para aprobar estos proyectos o no regirán para estas elecciones.