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El proyecto de ley fue presentado ayer por diputados cartistas, liberales, llanistas e independientes, además de encuentristas y del Partido Hagamos. La intención es destinar el saldo presupuestario que iba a beneficiar a 2.123 privilegiados funcionarios que debían recibir aumentos salariales sin ningún criterio, y el cual fue suspendido por el Ministerio de Hacienda (ver más información página 14).
El proyecto fue tratado por los diputados. A pedido del diputado Colim Soroka (ANR, Añetete) se derivó a la Comisión de Presupuesto y en la próxima sesión será analizado. El diputado abdista argumentó que en la fecha el Ministerio de Hacienda presentará su versión y que la misma podrá ser revisada y unificada con el proyecto presentado por los cartistas y sus aliados.
El líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, denunció que funcionarios de la Cámara Baja amenazaron a los diputados de su bloque para que la norma no sea tratada. Asimismo justificó la intención de destinar el saldo de los aumentazos a la Comisión Nacional de Becas.
El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) consideró prudente derivar a comisión el estudio de la norma. Afirmó que se debe prestar atención si se quiere legislar por la vía de la excepción y autorizar a Hacienda tocar el anexo de personal. “Este tema es muy complejo y puede abrir una puerta peligrosa a futuro y sería bueno ver cómo autorizar y delimitar las facultades que tienen los diputados, cuando que se necesita de una ley específica para tocar el anexo de personal”, indicó.
Agregó que se tienen que dar soluciones fuertes y de fondo. Llamó la atención de sus colegas al solicitarles que se animen a tomar decisiones fuertes, incluso analizar reformar la Ley 1626/2000 de la Función Pública y armonizar con la ley laboral. El diputado Sergio Rojas (PLRA, llanista) denunció ante el pleno que varias de las modificaciones hechas al presupuesto no fueron aprobadas por el pleno. Dijo que se aprobaron las versiones del Ejecutivo, de la Bicameral y de la Comisión de Hacienda, pero que tras la sesión, dos o tres parlamentarios, en alusión al senador Dionisio Amarilla (PLRA) y Arnaldo Samaniego (ANR) se reunían para hacer las modificaciones que creían convenientes. Indicó que si se hace un buen control se pueden encontrar miles de modificaciones. Mencionó que ellos aprueban los montos globales no así los subgrupos. Habló de que el caso se configura en producción de documentos de contenido falso y lesión de confianza.
Evitar más desangre
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) planteó a la presidencia realizar una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto para no desangrar más al Estado. “No puede ser que un funcionario se quede de por vida con un salario de G. 28 millones por haber ocupado un año un alto cargo”, dijo. Pidió una audiencia pública para que se expliquen los “aumentazos”.