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CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). En un sorpresivo giro, la Fiscalía General del Estado reasignó a la fiscala Sunilda González de Martínez a la Unidad 1 de Luque, designando en su lugar a la Abog. Gloria Gamarra de Benítez. Se trata de la primera agente fiscal que imputó y ordenó la detención de un intendente por presuntos desvíos de los recursos del Fonacide.
Imputó al intendente de Santa Elena, César Balbuena (PLRA), por supuesta lesión de confianza y estafa de G. 840 millones de recursos del Fonacide. El juez penal de Garantías de la circunscripción, Dr. Paublino Escobar, ordenó el 11 de marzo pasado, la prisión preventiva del jefe comunal en la comisaría 1 de Caacupé, por no presentar las garantías necesarias de sumisión al proceso, luego de la audiencia de imposición de medidas. Balbuena estuvo en prisión 11 días, luego obtuvo la libertad ambulatoria, bajo ciertas condiciones, mientras continúa el proceso.
Autoridades del PLRA, en un encuentro realizado el 14 de marzo pasado en Santa Elena, habían advertido que tomarían represalias contra la agente fiscal y el magistrado, por sus actuaciones que calificaron de “aberración jurídica”. Dijeron que esto no quedaría así y que tendría consecuencias. Incluso, el senador Miguel A. Saguier dijo a la concurrencia que ambos actores judiciales serían llevados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La fiscala también investiga al intendente César González (PLRA), de Mbocayaty del Yhaguy, por una presunta malversación de G. 362 millones que, según informes extraoficiales, ya saldría una imputación en los próximos días.
El denunciante en este caso, Alcides Kennedy, exconcejal, afirmó que este tipo de hechos sienta un negro precedente para todos los otros fiscales y jueces que investigan la corrupción de jefes comunales.
Sunilda González de Martínez manifestó que le tomó de sorpresa el traslado, teniendo en cuenta que en febrero pasado había solicitado su cambio a una unidad de la capital, sin obtener una respuesta favorable. Es más, en vista de que se encontraba al frente de la investigación de casos muy graves como el citado, el fiscal adjunto, Edgar Moreno, le pidió que continúe en la circunscripción por lo menos por este año, a lo que ella accedió.