Cargando...
El pasado mes de setiembre la Contraloría dio a conocer un documento según el cual verificó “el proceso de distribución y aplicación de los recursos recibidos para la Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), verificar que las operaciones a las cuales ellas correspondan hayan sido ejecutadas de conformidad a las disposiciones legales vigentes”.
Dicho así, el Ministerio de Agricultura y la Fenaprofhp aparecen limpios de toda sospecha. Pero “escuchemos” a la misma Contraloría General de la República. La verificación abarca los movimientos de dinero en el año 2012. Es así que en el capítulo “5.2.2.2. Rendición de cuentas” leemos: “Se ha verificado la Rendición de Cuentas que respalda las transferencias de las siguientes organizaciones”: Son cinco, pero nos limitaremos a la Fenaprofhp que la Contraloría registra 35.000.000.000 (treinta y cinco mil millones); 10.000.000.000 (diez mil millones) y 6.052.639.175 (Seis mil cincuenta y dos millones seiscientos treinta y nueve mil ciento setenta y cinco). Totalizan casi 52.000 millones de guaraníes. Extrañamente, la Contraloría no incluye los mil millones de guaraníes que la Fenaprofhp recibió del Ministerio de Agricultura el 13 de setiembre de 2012, según resolución número 584, firmada por Enzo Cardozo. Una de dos: o el ministerio escondió dicho aporte, o la Contraloría realizó un trabajo deficiente.
Deficiencia de la Contraloría
De todos modos, la desidia de la Contraloría está expresada por la misma institución en este párrafo:
“En efecto, en muchos casos las Instituciones Públicas encargadas de la aplicación de este generoso fondo (se refiere a la Fonacide) recurre al sector privado para la distribución de los recursos, sector en el que la CGR a menudo tropieza con reticencias para su examen, con el argumento de que este sector no está regido por las normas de control vigentes para las instituciones públicas, a pesar de que el inc. 5) del artículo 283 de la Constitución Nacional habilita a la CGR para ejercer también el control sobre cualquier entidad privada que administre fondos públicos”.
Copiamos lo que dice el inciso cinco: “El requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales y a los municipios, todos los cuales deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones”.
Si la Contraloría de la República está respaldada por la Constitución Nacional ¿Por qué no cumple con su obligación? ¿Por qué no envía a la justicia ordinaria al funcionario “con reticencia para su examen”? ¿Y por qué sería reticente? ¿Por qué no habría de colaborar? Posiblemente por una sola causa: la corrupción. En este caso, la Contraloría se hace cómplice de la inmoralidad.
Pero hay otro párrafo, igualmente llamativo, que viene a continuación del anterior:
Otro hecho
“Este es el caso que se presenta en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que transfirió la suma de aproximadamente 70 mil millones de guaraníes –unos 15 millones de dólares– a entidades como la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay, la Cámara de Productores Frutihortícolas del Paraguay y la Asociación Alto Forrest Paraguay, sin la que en su examen la CGR pudiera certificar cabalmente la corrección de la distribución de ese monto entre los productores”. (El resaltado es nuestro)
Aquí está la cuestión que da alas a la corrupción
La Contraloría General de la República –ella misma lo dice– sólo verifica que el dinero se entregó conforme a ciertas normas, muy fáciles de cumplir, pero no le sigue el rastro a quienes se han beneficiado con los fondos públicos; la CGR no sabe el fondo de la cuestión: el uso del dinero. Sabe qué entidad lo retiró, pero luego se desentiende de su obligación de ejercer el control sobre el destino del dinero público.
¿Sabe la Contraloría, en el caso MAG-Fenaprofhp, cuántos comités de pequeños agricultores recibieron el dinero y cuántos no, y sobre todo, qué cantidad? ¿Sabe la Contraloría qué estancias, qué residencias, que vehículos, etc., se compraron con el dinero destinado a los agricultores? ¿Sabe dónde fue a parar la totalidad, o parte, de los setenta mil millones que la Contraloría constató que el MAG entregó a tres entidades “sin fines de lucro”? ¿Sabe la Contraloría cómo viven, qué tienen, los que retiraron el dinero para entregar a los campesinos?
Advierte la Contraloría General de la República que “en muchos casos las instituciones públicas encargadas de la aplicación de este generoso fondo recurren al sector privado para la distribución de los recursos”. ¿Sí, por qué lo hacen? ¿Por comodidad? ¿Por más eficiente? ¿Por más honesto? No, porque es más fácil la coima, el descontrol, el entierro de huellas comprometedoras. Si la cosa apura, se dirá: “Yo no sé, yo entregué el dinero en uso de mis atribuciones a una entidad sin fines de lucro”. Y ya está.
alcibiades@abc.com.py