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El caso se remonta incluso al 2013, cuando la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), tras una denuncia recibida, dispuso una fiscalización a la firma Monte Alegre SA (de Emanuelle Hoeckle) por una megaevasión por una presunta venta de combustibles a nivel interno cuando que debía ser reexportado a Bolivia, evadiéndose así supuestamente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Luego de la auditoría practicada a la empresa el 9 de julio de 2015, la SET resuelve emitir la Resolución Particular N° 49/15, por la cual “se determina el tributo y se sanciona a la firma contribuyente Monte Alegre SA”.
Por dicha resolución particular, la SET determina el cobro a Monte Alegre SA de G. 7.199.224.192 en concepto de “impuesto”, y de G. 13.619.954.582 por “multa”, totalizándose así el cobro de G. 20.819.188.874.
A ocho meses de haberse dictado la Resolución Particular N° 49/15, la SET todavía no ha percibido el referido monto de la empresa Monte Alegre SA.
Reconsideración
Consultada sobre el tema, la viceministra de Tributación, Marta González, confirmó que el proceso administrativo continúa, aunque se excusó de brindar detalles por cuestiones legales que le impiden hablar puntualmente sobre los casos de los contribuyentes.
No obstante, fuentes de la SET señalaron a ABC que la empresa Monte Alegre SA presentó un recurso de reconsideración. Se procedió entonces a abrir un nuevo proceso bajo la medida de “mejor proveer”, en que se determina nuevamente un periodo de pruebas, que es la instancia en la que se encuentra actualmente.
Consultamos con especialistas en tributación sobre si es correcto que la SET se demore tanto tiempo en aplicar una resolución de cobro de multas, y la respuesta fue que “no es correcto, pero de hecho es normal o corriente que existan procesos largos”. “Hay casos incluso que demoran dos o tres años antes que la administración concluya los procesos”, dijeron.
Nuevos elementos
Por su parte, el doctor Pedro Ovelar, abogado de la firma Monte Alegre SA, sostuvo que la contribuyente presentó un recurso de reconsideración porque sostiene que existen nuevos elementos presentados dentro del proceso con los cuales se busca rebatir la auditoría que determinó el cobro de la millonaria multa. “Acá lo que se cuestiona es que el combustible no fue a Bolivia, sino que se vendió a nivel local. Tenemos todas las pruebas de los camiones y los choferes que llevaron el producto y del ingreso que tuvo en Bolivia la mercadería”, dijo Ovelar.
Señalado que en la auditoría se constató a través de la Aduana boliviana que la mercadería no ingresó a ese país, el abogado afirmó: “Monte Alegre llevó la mercadería para la firma Vitol SA, que no podía llegar con sus barcazas por la baja del río; por lo tanto, el ingreso a Bolivia debe estar registrado a nombre de Vitol SA y no de Monte Alegre SA”.
“Entonces, en Bolivia la mercadería no ingresa como propiedad de Monte Alegre, sino como propiedad de Vitol, porque Vitol era el que estaba cumpliendo el trámite de importación para la empresa YPF de Bolivia, algo que es totalmente normal en comercio exterior”, señaló.
Conclusión sin plazo previsto
Tanto la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como la empresa Monte Alegre SA denunciada por megaevasión no pueden determinar el plazo de aplicación o rechazo de la Resolución Particular N° 49/15 que dispone el cobro de impuestos más multa a la referida empresa por más de G. 20.819 millones. La SET sostiene que aguarda los nuevos elementos señalados por Monte Alegre que a su vez sostiene que depende de la Aduana de Bolivia que envíe la documentación correspondiente donde se demuestra que la mercadería ingresó al país vecino para la petrolera YPF Bolivia.