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Entre setiembre y octubre del año pasado, una simple solicitud de la prensa, de acceder a la lista de los funcionarios de la Cámara de Diputados había generado una movilización ciudadana que terminó por obligar a todas las instituciones públicas a alzar en sus portales en internet, el listado de sus funcionarios.
Esto posteriormente llevó a confirmar la existencia en la función pública de familias enteras que accedieron a cargos mediante influencia política.
Después de este evento, los legisladores comenzaron una vez más a analizar la posibilidad de aprobar una ley que regle el acceso a la información pública.