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El objetivo principal de esta ley es establecer las normas generales que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público. Asimismo, hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública, establecido en el artículo 40 de la Constitución Nacional.
Igualmente, plantea regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados.
El diputado colorado Éver Ovelar indicó que esta normativa establece los requisitos para peticionar ante las autoridades, los plazos y las modalidades que tienen los administradores par responder.
Asimismo, señaló que los ciudadanos tendrán la garantía de acceder a la vía judicial , en los casos en que se agote la vía administrativa.