Ley que confisca bienes de narcos tiene dictamen favorable

La comisión de Legislación de la Cámara Baja recomendó ayer aprobar con modificaciones la ley de extinción de dominio, indicó el diputado Jorge Ávalos Mariño. Aconsejan eliminar el artículo que permite la aplicación retroactiva de la normativa. El proyecto se tratará hoy.

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El proyecto de ley de extinción de dominio, que habilitará a la justicia a intervenir los bienes de las personas acusadas de narcotráfico, y que se tratará en la sesión ordinaria de hoy, cuenta con dictamen favorable de dos comisiones asesoras y otro dictamen, en minoría, en una de ellas.

El diputado liberal Ávalos Mariño, integrante de la comisión de Legislación, aclaró que ayer no tuvieron quórum pero que la mayoría apoyará el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales.

El legislador explicó que la principal modificación se refiere al artículo 4 de la ley, eliminando el párrafo que da lugar a la aplicación retroactiva de la normativa.

En cuanto a las críticas referidas a que la normativa daría vía libre a la confiscación de bienes, lo cual está prohibido constitucionalmente, las modificaciones planteadas aclaran que esto solamente se hará una vez que haya una sentencia judicial firme, indicó Ávalos Mariño. Agregó que establecerá fehacientemente que los bienes que pasarán a dominio del Estado fueron adquiridos en forma ilegal por parte de los sentenciados.

Sobre el artículo que habilita al juez a nombrar un administrador de los bienes mientras se sustancia el juicio, indicó que es una medida temporal hasta tanto haya sentencia firme. Apuntó que esa medida tiene el objetivo de que los bienes no desaparezcan, se deterioren o sean vendidos.

También apuntó que la normativa establece en forma precisa el destino que tendrán estos bienes y que se utilizarán, por un lado, para el combate al narcotráfico y, por el otro, a campañas educativas que tiendan a concientizar a los jóvenes sobre el peligro y los daños que produce la adicción a las drogas, en forma individual a los jóvenes y el narcotráfico en general, como actividad ilegal, para la economía de nuestro país.

Inicialmente, la normativa planteaba que todos los casos referidos a ese delito pasen a juzgados de la Capital. Sin embargo, ahora se modificará esa disposición para que solamente los casos graves y de grandes operaciones pasen a ser atendidos en Asunción, indicó el diputado.

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