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El proyecto aprobado, que pasa ahora a la Cámara de Diputados para su consideración, fue presentado por el senador colorado Nelson Argaña. En su primer artículo, establece que los organismos y entidades descentralizadas del Estado, las municipalidades y gobernaciones deberán tener al menos un 2% de personas discapacitadas dentro de su plantel.
Especifica también el proyecto aprobado que las personas con discapacidad que accedan a la función pública cumplirán funciones específicas, acorde con su capacidad e idoneidad.
Asimismo, dispone que las personas con discapacidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que contempla la Ley de la Función Pública.
El proyecto establece además una multa de 30 jornales mínimos para actividades diversas para el responsable de la institución pública que no cumpla con esta norma. El importe de la multa será percibida por la secretaría de la función pública y transferida al Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, dispone que la secretaría de la función pública será la responsable de hacer cumplir lo establecido en la ley y establecerá los mecanismos adecuados para la recepción de las denuncias de los afectados. Establece un plazo de 30 días para que la secretaría se pronuncie sobre las denuncias.
Varios senadores destacaron la importancia del proyecto, señalando que, según estadísticas, existe casi 10% de la población que tienen algún tipo de discapacidad.
Especifica también el proyecto aprobado que las personas con discapacidad que accedan a la función pública cumplirán funciones específicas, acorde con su capacidad e idoneidad.
Asimismo, dispone que las personas con discapacidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que contempla la Ley de la Función Pública.
El proyecto establece además una multa de 30 jornales mínimos para actividades diversas para el responsable de la institución pública que no cumpla con esta norma. El importe de la multa será percibida por la secretaría de la función pública y transferida al Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, dispone que la secretaría de la función pública será la responsable de hacer cumplir lo establecido en la ley y establecerá los mecanismos adecuados para la recepción de las denuncias de los afectados. Establece un plazo de 30 días para que la secretaría se pronuncie sobre las denuncias.
Varios senadores destacaron la importancia del proyecto, señalando que, según estadísticas, existe casi 10% de la población que tienen algún tipo de discapacidad.