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El proyecto de inspección técnica vehicular obligatoria para todo el país había sido presentado en noviembre de 2008 por el senador Luis Wagner y el exsenador Óscar Denis. Fue aprobada en diciembre de aquel año por la Cámara de Senadores pese a que no fue suficientemente estudiada. En abril de 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto con el argumento de que la tarifa impuesta era cara.
La Cámara Alta se ratificó y los diputados no pudieron hacer lo mismo en segunda vuelta. La ley se promulgó en octubre de 2009 y la gente solo tomó conciencia del oligopolio creado por la norma (se instalaron 19 talleres para todo el país) cuando comenzó a implementarse el control en marzo de 2012.
En el Parlamento surgió la idea de anular la ley debido a que los dueños de rodados, los concejales e intendentes, de más de cien municipios, se movilizaron contra la imposición de la Ley 3850/09.
La Corte Suprema de Justicia declaró que esta ley es inconstitucional por acuerdos y sentencias Nº 749 (julio de 2012, que favoreció a la Comuna de Asunción) y Nº 2500 (diciembre de 2012, que favoreció a más de cien comunas). La máxima instancia judicial estableció la ITV y otros asuntos sobre tránsito terrestre (normas de conducción, de transporte de pasajeros, señalizaciones de calles, etc.) es atribución exclusiva de las comunas.
El diputado Óscar Tuma había señalado que los municipios son los únicos entes reguladores en materia de la inspección vehicular. El artículo 12 de la ley orgánica comunal determina que los gobiernos locales son los que fiscalizan el tránsito.
Los diputados y senadores pretenden sancionar otra ley pese a estos argumentos legales. Aún no se presentó en plenaria, pero la idea es evitar que las comunas otorguen concesiones , cada una por su cuenta, y sin el control de un organismo estatal.
Está en la incubadora
El diputado Dany Durand y el senador Eduardo Petta son los que ya se habían pronunciado a favor del plan de estudiar una “ley marco” para que las comunas realicen las inspecciones de rodados. No hay todavía proyectos de leyes, pero está en la incubadora de los legisladores. Es decir, está en un estadio de discusión que fue abierto por el Congreso para escuchar a los municipios y dueños de empresas de inspección técnica vehicular.
El objetivo es sancionar una nueva ley que no viole la Constitución Nacional. Una tarea que sería difícil, según ya habían aclarado diputados cuando discutieron la Ley 4856/12, que modifica la Ley 3850/09. Las sentencias de la Corte son claras en materia de autonomía municipal.