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Estafó a Itaipú con la “niñera de oro”
El 25 de octubre de 2013, los fiscales René Fernández, José dos Santos, Liliana Alcaraz y Claudia Criscioni imputaron al senador colorado Víctor Bogado y a la niñera de sus hijas Gabriela Quintana, por los hechos punibles de estafa (G. 71 millones) y cobro indebido de honorarios y pidieron el desafuero del legislador.
El 4 de junio de 2014, los fiscales Luis Piñánez y Aldo Cantero acusaron a Bogado y a Quintana, ante la recusación que promovió contra los fiscales que lo imputaron.
En la acusación se sostiene que Bogado mandó contratar a la niñera de sus hijas en Itaipú, con un salario de más de G. 8 millones a sabiendas de que la mujer no iba a poder cumplir funciones en la binacional, atendiendo que era funcionaria permanente de Diputados, presidida entonces por Bogado. La prueba de la estafa cometida por Bogado son dos notas remitidas al entonces director de Itaipú, Franklin Boccia, en las cuales solicita el comisionamiento de Quintana a la Cámara Baja. Esta prueba es irrefutable y compromete seriamente al legislador.
En noviembre de 2013, Bogado para evitar su desafuero se declaró un perseguido político y su colega Enrique Bacchetta fue uno de los que más le defendieron para que sea desaforado. Bacchetta incluso amenazó a los fiscales que imputaron a Bogado con que serían llevados al Jurado de Enjuiciamiento. “Si vamos hacer caso a la prensa vamos a ser imputados por los 45 senadores y 80 diputados”, afirmó Bacchetta.
Luego de cinco años de la imputación y cuatro de la acusación, aún la justicia no define si Bogado afronta o no juicio oral. El legislador logró trabar dos años en la Corte su proceso. Fue convocado para el 2 de octubre. El caso del “mecánico de oro”, Miguel Ángel Carballo, salpica al legislador, ya que el mismo sería su testaferro. Carballo está imputado por enriquecimiento ilícito y ahora la Fiscalía General tiene que decidir si lo acusa o no.
Acusaciones por G. 70.000 millones
El 28 de diciembre de 2013, la entonces fiscala y actual jueza Claudia Criscioni imputó al exministro de Agricultura y actual miembro del Parlasur Enzo Cardozo por lesión de confianza. Le atribuyó un perjuicio de más de G. 68.000 millones al MAG.
El 6 de setiembre de 2014, los fiscales Martín Cabrera y Aldo Cantero acusaron a Cardozo. También fueron incluidos el exministro Rody Godoy, Silvio Riveros (comerciante), Maristela Azuaga y quince personas más que formaron parte del esquema para quedarse con la plata que era para pequeños agricultores.
El 14 de abril de 2014, la fiscala Alba Delvalle presentó una nueva imputación contra Cardozo y Rody Godoy. Esta vez por un perjuicio de G. 1.219.080.204 al MAG. En el proceso también fueron incluidas otras 25 personas.
El 23 de marzo de 2015, la fiscala Delvalle acusó a Cardozo y Godoy, entre otros y solicitó juicio oral para los mismos.
Sin embargo, hasta ahora en las dos causas, no se puede hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si los acusados afrontan o no juicio oral. En uno de los procesos, ya se realizó el juicio oral para varios acusados que incluso fueron condenados. Empero, Cardozo que antes de ingresar al Parlasur estuvo en el Senado, consigue que su proceso se dilate en el Poder Judicial.
En mayo de 2017, la fiscala Victoria Acuña imputó a 20 personas, entre consultores, contadores, proveedores del Estado y fiscalizadores del MAG por estafa. Les atribuyó un perjuicio de G. 35.000 millones al Estado. Sin embargo, la agente del Ministerio Público llamativamente excluyó al legislador liberal.
En los dos procesos se presentaron numerosos incidentes dilatorios y para ello se turnaron cada uno de los imputados, lo cual evitó que se haga la audiencia preliminar.
Traba juicio oral con acción en la Corte
El 12 de abril de 2013, el parlasuriano liberal Milciades Duré fue imputado por la fiscala Victoria Acuña ante las sospechas de la sobrefacturación de las tierras de la firma San Agustín, del departamento de Cordillera, vendidas al Indert. El hecho punible atribuido al encausado fue lesión de confianza, ya que como consejero del referido ente avaló la irregular adquisición.
El 9 de abril de 2014, el fiscal René Fernández acusó a Duré, al extitular del Indert, Luis Ortigoza y a Arnaldo Jara, exadministrador de San Agustín, empresa vinculada al senador Jorge Oviedo Matto.
Momentos antes de la acusación fueron recusados los fiscales que llevaron la investigación, que eran Claudia Criscioni (ahora jueza) y Aldo Cantero. A raíz de esta chicana fue asignado Fernández.
El Ministerio Público refirió que las tierras adquiridas de la firma vinculada a Oviedo Matto no eran aptas para el asentamiento campesino y se comprobó a través de pericias que la mayor parte del inmueble no sirve para el cultivo, ya que hay zonas destinadas a la recreación y esparcimiento vacacional.
El 4 de noviembre de 2015, el juez Rubén Riquelme, durante la audiencia preliminar, dispuso que Duré, Ortigoza y los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Luis Blanco y María Echeverría afronten juicio oral y público. Sin embargo, hasta ahora no se puede realizar la audiencia pública.
El 8 de noviembre de 2016, la Sala Constitucional de la Corte favoreció a Duré al trabar el inicio del juicio oral. Los ministros Miryam Peña, Óscar Bajac y Antonio Fretes decidieron dar trámite a la inconstitucionalidad que el legislador había promovido hacía seis meses. Los miembros de la máxima instancia solicitaron a la vista el expediente principal y con ello evitaron el comienzo de la audiencia pública.
Millonario perjuicio a Defensa Pública
La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña había solicitado el desafuero del diputado por el departamento de Canindeyú Teófilo Espínola Peralta (PLRA, efrainista).
La agente del Ministerio Público quiere que siga el proceso contra el parlamentario liberal que juró el 30 de junio pasado. Anteriormente no contaba con los fueros.
Espínola Peralta está imputado junto a la exdefensora general Noyme Yore por un supuesto perjuicio de más de G. 5.000 millones a la Defensoría Pública, mediante contratos de obras en sedes del interior.
El legislador, según la imputación fiscal, era uno de los fiscalizadores de las obras y debía realizar la coordinación de actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución y plazo de los trabajos contratados.
Sin embargo, los fiscalizadores (entre ellos Espínola) llevaban libros de obras sin cumplir con los requisitos, pues no hicieron constar todos los trabajos realizados y certificaron el cumplimiento de la ejecución de obras a favor de los contratistas, aun cuando sabían que las mismas no han sido ejecutadas a cabalidad.
La fiscalía agrega que la entonces defensora Noyme Yore Ismael suscribió contratos con constructoras que en su mayoría no cumplieron con las obras y fueron beneficiadas con irregulares adelantos de dinero y adendas.
Igualmente, no se ejecutaron las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo financiero respecto a los seis contratos de referencia y se tiene que se causó un perjuicio patrimonial aproximado que asciende a la suma de G. 5.033.923.979.
Espínola Peralta se suma así a la lista de legisladores imputados por el Ministerio Público por hechos de corrupción.
Usó certificado médico falso
El 27 de junio de 2014, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis fue imputado por supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas por la contratación directa e innecesaria de una empresa italiana para una consultoría internacional.
La fiscal Victoria Acuña estimó un perjuicio de US$ 500.000 al Ministerio de Obras Públicas, cuyo titular era Buzarquis, y otros US$ 100 mil a Yacyretá.
El 1 de julio de 2015, la fiscala Acuña acusó a Buzarquis por la comisión de los dos hechos punibles y solicitó juicio oral. Sin embargo, hasta ahora no se puede hacer la audiencia preliminar en la que la justicia tiene que resolver si el exministro del MOPC afronta o no la audiencia pública y oral, debido a la numerosas chicanas promovidas por el mismo en el proceso.
Buzarquis, incluso presentó un certificado médico falso para trabar una de las preliminares.
El 6 de julio de 2017, fue imputado por el fiscal Alcides Corvalán por el uso de certificado de salud de contenido falso. También fue incluido en el proceso el médico Hernán Codas Jacquet.
El 22 de noviembre del año pasado, Buzarquis admitió que usó el certificado médico falso para trabar su audiencia preliminar y fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento por el juez Paublino Escobar a pedido del fiscal Francisco Torres. El médico fue favorecido con el criterio de oportunidad.
Ahora, ante la indignación ciudadana Buzarquis solicitó su desafuero ya que este año juró como senador por el PLRA, supuestamente para agilizar su causa.
Sin embargo, desde un principio el legislador chicaneó para trabar su proceso penal. Presentó numerosos incidentes dilatorios, pero nunca fue sancionado por el ejercicio abusivo del derecho, como lo establece la ley.
Por octava vez evitó su preliminar
El 23 de mayo de 2013, el fiscal Martín Cabrera imputó al diputado colorado, Carlos Núñez Salinas, por producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando. Le atribuyó el ingreso ilegal de decodificadores. El parlamentario tributó sobre US$ 17 mil, pero importó por más de US$ 1 millón.
El 17 de marzo de 2016, Cabrera acusó al legislador y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
El 20 de abril de 2016, se realizó la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú. La defensa de Núñez Salinas solicitó que su cliente sea favorecido con la suspensión condicional del procedimiento, luego de la admisión del hechos.
El fiscal Cabrera se allanó al pedido, pero el magistrado Otazú le dio trámite de oposición y remitió el caso a la Fiscalía General.
El 17 de mayo de 2016, el entonces fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, rectificó la postura de Cabrera y ratificó el pedido de juicio oral para Núñez Salinas, que ahora volvió a ingresar como diputado por el Partido Colorado.
A partir de entonces, no se puede hacer la audiencia preliminar en la que el juez Otazú tiene que resolver si el parlamentario debe afrontar o no juicio oral por los delitos que se le atribuye al parlamentario, que presentó varios incidentes dilatorios.
El 23 de agosto pasado, Núñez Salinas recusó Otazú minutos antes de que se inicie la audiencia preliminar. Es la octava vez que el diputado presenta incidentes dilatorios para que no se haga la diligencia. Luego, amplió su recusación contra Otazú.
El expediente se eleva a la Cámara de Apelación que tiene que resolver lo planteado por el legislador, que una vez más consigue trabar la audiencia preliminar por contrabando y otros delitos.
Pidió nulidad para no ser desaforado
El 20 de mayo pasado, el fiscal Luis Piñánez imputó al diputado colorado Tomás Fidelino Rivas por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El legislador pagaba con dinero de la Cámara Baja a los cuidadores de su casa de Paraguarí.
Según la imputación, se comprobó mediante registros telefónicos sometidos a pericia que los tres empleados no cumplían labores en Diputados. Además, Rivas firmaba todas las planillas de asistencia.
“Como diputado, certificaba que los citados funcionarios contratados asistían diariamente a las oficinas de la Cámara Diputados cumpliendo horarios o se encontraban acompañándolo en sus labores legislativas”, dice la imputación.
“Según la ubicación de las llamadas remitidas por las citadas empresas telefónicas, los mismos no se encontraban prestando servicio alguno en la Cámara de Diputados ni acompañando al citado legislador...”.
Piñánez refirió en la imputación que Reinaldo Chaparro cobró indebidamente G. 16.000.000 de julio de 2016 a febrero de 2017; Lucio Romero percibió G. 16.000.000 de julio de 2016 a febrero de 2017; y Nery Franco, G. 15.000.000 de octubre de 2016 a febrero de 2017.
El legislador comenzó a chicanear al plantear la nulidad de la imputación en su contra. El escrito fue presentado por el abogado Emigdio Aliendre Morel, defensor del diputado colorado.
Por otro lado, los caseros también incidentaron el proceso penal. Ni siquiera permitieron que se haga la audiencia de imposición de medidas.
Los abogados Daniel Barrios Gini (por Romero) y Ricardo Chaparro (por Franco) también presentaron la nulidad de la imputación que presentó Piñánez en representación del Ministerio Público.
Montó mensajes para blanquearse
El 9 de enero pasado, la fiscala Liliana Alcaraz imputó al diputado liberal Carlos Portillo. Le atribuyó la comisión de los hechos punibles de tráfico de influencias, coima, soborno y asociación criminal.
En su presentación, la agente del Ministerio Público detalló cómo el legislador exigió 3.000 dólares a una procesada por estafa, a cambio de un fallo a su favor, de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este.
La causa fue abierta de oficio a raíz de publicaciones periodísticas realizadas por ABC Cardinal referentes a la difusión de audios en los cuales se escucha al diputado Carlos Portillo conversando con una mujer acerca de la obtención de una resolución favorable a un caso judicial, y en el que la persona de sexo femenino le menciona: ¿Cómo te puedo enviar… Depósito, giro, entrega? A lo que el diputado le responde: “…Voy a ver si alguno de mis familiares o amigos puede acercarse…”.
Auda Fleitas, la mujer a quien el legislador le exigió el dinero para arreglar una causa en su contra por estafa y producción de documentos no auténticos, se ratificó ante la agente del Ministerio Público.
El diputado liberal también incidentó su proceso, que se tramitaba en el Poder Judicial de Asunción, pero que al final consiguió llevar a la capital del Alto Paraná.
Por otro lado, Portillo incluso montó mensajes de “disculpas” de Fleitas en un intento de salvarse de un proceso penal por supuesto tráfico de influencias, soborno, asociación criminal y cohecho pasivo.
Sin embargo, la mujer que le grabó al legislador cuando le pidió los US$ 3.000, desmintió que le solicitó perdón posteriormente, como dijo Portillo en una conferencia de prensa. Fleitas no descartó que presente una denuncia penal contra Portillo por este nuevo hecho.
Los ciudadanos indignados exigen que Diputados revoque el mandato a Portillo.