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La designación de Latorre como fiscal general del Estado implicó un retroceso a la institución, que quedó a cargo de un reducido círculo de fiscales que integran el "equipo de confianza" del ex abogado de la familia Argaña. Se alejaron de la institución funcionarios que venían cumpliendo una buena labor como el ex fiscal José Casañas Levi y la ex fiscala general adjunta, María Victoria Rivas, quienes tuvieron diferencias con Latorre, por el supuesto manejo turbio en la representación de la sociedad.
Casañas Levi incluso acusó a Latorre de haberle escondido importantes documentos en el caso del desvío de los 16 millones de dólares y de haberse reunido con González Macchi en Mburuvicha Róga, sin dar participación en el encuentro al fiscal que llevaba en ese momento la causa.
Otro de los escándalos que salpicó fuertemente a Latorre fue su presunta implicancia en la privación ilegítima de libertad y torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. En el caso de los dirigentes de Patria Libre estuvo implicado su amigo y hombre de confianza Javier Cazal, quien en todo momento gozó de la protección del titular del Ministerio Público, hasta que gracias a los fiscales complacientes obtuvo su sobreseimiento en el proceso.
Latorre le concedió a Cazal, mientras estuvo procesado, permiso con goce de sueldo y antes de que quede firme su desvinculación del juicio criminal ya lo reasignó como jefe del Centro de Investigación Judicial, aunque luego lo reasignó a otro cargo.
La destitución del fiscal Alejandro Nissen también habría sido impulsada por Latorre, debido que el citado agente solicitó seis años de cárcel para el escribano José Andrés Argaña por la tenencia de un auto robado. Nissen acusó al fiscal general de haber elaborado la sentencia del Jurado que lo removió.
Nissen igualmente indagó al entonces diputado y titular del Jurado Oscar González Daher por la tenencia de un Mercedes Benz robado, y también a la esposa del senador Juan Carlos Galaverna por el mismo hecho.
El fiscal Eduardo Petta, también destituido por el Jurado, acusó a Latorre de haber protegido al entonces titular del Jurado, Luis Caballero Krauer, quien tenía en su poder un Mercedes Benz robado en el Brasil.
Casañas Levi incluso acusó a Latorre de haberle escondido importantes documentos en el caso del desvío de los 16 millones de dólares y de haberse reunido con González Macchi en Mburuvicha Róga, sin dar participación en el encuentro al fiscal que llevaba en ese momento la causa.
Otro de los escándalos que salpicó fuertemente a Latorre fue su presunta implicancia en la privación ilegítima de libertad y torturas a Juan Arrom y Anuncio Martí, acusados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. En el caso de los dirigentes de Patria Libre estuvo implicado su amigo y hombre de confianza Javier Cazal, quien en todo momento gozó de la protección del titular del Ministerio Público, hasta que gracias a los fiscales complacientes obtuvo su sobreseimiento en el proceso.
Latorre le concedió a Cazal, mientras estuvo procesado, permiso con goce de sueldo y antes de que quede firme su desvinculación del juicio criminal ya lo reasignó como jefe del Centro de Investigación Judicial, aunque luego lo reasignó a otro cargo.
La destitución del fiscal Alejandro Nissen también habría sido impulsada por Latorre, debido que el citado agente solicitó seis años de cárcel para el escribano José Andrés Argaña por la tenencia de un auto robado. Nissen acusó al fiscal general de haber elaborado la sentencia del Jurado que lo removió.
Nissen igualmente indagó al entonces diputado y titular del Jurado Oscar González Daher por la tenencia de un Mercedes Benz robado, y también a la esposa del senador Juan Carlos Galaverna por el mismo hecho.
El fiscal Eduardo Petta, también destituido por el Jurado, acusó a Latorre de haber protegido al entonces titular del Jurado, Luis Caballero Krauer, quien tenía en su poder un Mercedes Benz robado en el Brasil.