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La exjueza Brítez, que también fue ministra de la Niñez y Adolescencia, resaltó que anualmente las ONG que se dedican a los niños en situación de calle reciben del presupuesto público unos 60 millones de dólares. “Todos los años, el Congreso ordena a Hacienda para que les dé a las organizaciones no gubernamentales unos 60 millones (de dólares), a la Coordinadora de los Derechos del Niño; las mismas que me denunciaron”, señaló la exfuncionaria.
“Así es como sigue la danza de los millones en nombre de los niños de la calle, pero cada vez hay más menores en los semáforos”, enfatizó Brítez de Buzó.
La exministra añadió que lejos de verse una mejoría, la situación tiende a agravarse porque ahora ya no solo abarca a niños, sino también utilizan a niños minusválidos, que son explotados irracionalmente. “Cuánto más es la discapacidad del niño, más caro es el alquiler, porque por compasión de la gente reciben más dinero”, sostuvo.
La doctora Brítez manifestó que con todo el dinero que va a las ONG se podría haber tenido más y mejores albergues para los niños, que no pueden quedarse sólos y entonces son llevados a estar en las calles con sus padres.
No se nota una inversión verdadera, seria y responsable por los infantes de la calle, no se nota una disminución de los índices de presencia de los niños en las intersecciones, sencillamente porque no hay una política para encarar el caso como corresponde, expresó.
Acuerdo tramado
Mercedes Brítez de Buzó insistió en que la obligación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Paraguay pida disculpas públicamente e indemnice a quienes fueron rescatados entre el año 2000 y el 2001 fueron una trama urdida por las mismas ONG en connivencia con el gobierno de Fernando Lugo.
“Si se tienen en cuenta las fechas, es muy fácil deducir. En el 2000 y 2001 se realizaron las intervenciones. En el 2004, como ministra de la Niñez, fui a hacer una presentación por Paraguay ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), y todos estaban conformes con lo actuado porque les conté la verdad, y en aquella oportunidad ya dije que había ONG que operaban en nombre de los niños de la calle pero no hacían nada”, indicó.
“Sin embargo, en el 2011, con el presidente Fernando Lugo y a instancias de la que en ese momento era ministra de la Niñez, Liz Torres, quien venía de las ONG y era una de las denunciantes, hizo que el Paraguay se declarara culpable reconociendo su responsabilidad sobre supuestas irregularidades que nunca existieron”, destacó.
A causa de lo citado, el Paraguay se ve obligado a pagar US$ 150.000 a los padres que entregaron, o que ellos mismos explotaron, a sus hijos, lo cual es totalmente absurdo, subrayó la doctora Mercedes Brítez de Buzó, exjueza de la Niñez y la Adolescencia.
Finalmente, dijo que lo más preocupante es que la problemática persiste y, peor aún, crece.
mvelazquez@abc.com.py