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La Dirección de Contrataciones Públicas, cuyo director Pablo Seitz fue destituido el pasado miércoles, dictaminó en abril pasado a favor de la Junta Departamental de Central, para que esta tenga la potestad de aprobar las licitaciones públicas convocadas por la Gobernación.
Los concejales invocaron la ley 426 del 1994 Orgánica Departamental, que en su Art. 20 señala: “Son deberes y atribuciones de la Junta Departamental... aprobar o rechazar la adjudicación de licitaciones y concursos de precio para la contratación de obras y servicios públicos departamentales”.
Sin embargo, el artículo de la ley de referencia fue derogada por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, que imponía un nuevo sistema de contrataciones en el sector público. Las gobernaciones ajustaron su actividad a dicho marco jurídico.
La situación planteada con la Ley 2051 generó un movimiento a nivel de Juntas Departamentales de todo el país que querían mantener la vigencia de la normativa de 1994. En el 2006 lograron la sanción de la Ley 2862 en la cual se mencionaba expresamente que para la aprobación o rechazo de las licitaciones o concursos de precio de las gobernaciones era necesaria una resolución expresa de la Junta departamental.
La nueva ley fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia, por todas las gobernaciones, alegando su inconstitucionalidad por infringir y transgredir derechos y garantías constitucionales referentes a la división de los poderes, control mutuo y jerarquía normativa. La Sala Constitucional de la Corte, el 26 de mayo del 2006 hizo lugar a la acción y se dio por terminado el conflicto.
Sin embargo, el director jurídico de Contrataciones, Jorge Granada, desconoció los antecedentes y dictaminó a favor de las Juntas. En su escrito señalaba que los gobernadores “al momento de adjudicar un llamado determinado, deberá contar con la aprobación correspondiente de la Junta Departamental, para que dicho proceso cumpla con lo establecido en la ley”.
La decisión de Contrataciones generó una airada queja de los gobernadores y en una nota dirigida al hoy destituido Seitz señalaban que las gobernaciones se han ajustado al sistema de contrataciones implementado por la Ley 2051/03 y sus modificaciones y decretos reglamentarios “por los que nos resulta realmente contraproducente que a partir de la propia institución rectora surjan opiniones jurídicas apresuradas, que alteran y dañan gravemente el relacionamiento interno administrativo de las instituciones bajo nuestra responsabilidad”.
La nota lleva la firma de varios gobernadores, entre ellos, el de Central Blas Lanzoni (PLRA).
El dictamen “a medida” hecho por Granada le costó el puesto. Volvió a su institución de origen, la ANDE.
Fue destituido del cargo
El asesor jurídico de Contrataciones Públicas, Jorge Granada, fue sacado del cargo luego del dictamen elaborado para favorecer a las Juntas Departamentales.
El hoy exdirector de la institución, Pablo Seitz, revocó el comisionamiento del funcionario y lo devolvió a su institución de origen, la ANDE. En su lugar fue nombrada la funcionaria Gloria Carolina Núñez de Escobar.
Existen fuertes versiones de que el dictamen elaborado por Granada fue promovido por el sector colorado de la Gobernación de Central, para beneficiar a los correligionarios.